El PRO logró una ley para realizar el nuevo complejo Catalinas, para lo que contó con el apoyo de los legisladores de Martín Lousteau. La suma total que aspira recaudar el Gobierno porteño con esta legislación es de aproximadamente de 350 millones de dólares. Mientras que la parte restante, para completar los 700 millones que cuesta la obra en su totalidad, saldrá de un préstamo de la CAF.
La iniciativa ya había obtenido, a fines del año pasado, aprobación inicial en primera lectura; luego se sometió a Audiencia Pública y se votó en el recinto un despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, que fue sancionado por 42 votos positivos, 12 negativos.
Los legisladores de Carrió se abstuvieron. El diputado de PSA, Adrían Camps, presentó un dictamen de minoría solicitando el archivo del proyecto por oponerse a la venta de tierras públicas. Mientras que Gustavo Vera, de Bien Común, voto negativamente y dijo que todo corresponde a «una dictadura inmobiliaria».
En ese sentido, Marcelo Ramal señaló que «este Gobierno nacional como el anterior, quieren privatizar el suelo». Además se manifestó en contra que la Legislatura porteña decida por sobre predios nacionales, como lo son los terrenos ferroviarios en cuestión «no tenemos atribución», señaló.
Javier Andrade, del Frente para la Victoria sostuvo que desde su partido creen que «la venta de tierras y el endeudamiento no es la única manera de financiar esta obra. Lo que quieren es poner otra pared más frente al río».
Luego de haber salido a operar que iba a ser candidato, el embajador en Estados Unidos puso paños fríos en su candidatura. Desde el entorno del titular de ECO, aseguraron a IP que Lousteau buscó forzar la interna de Cambiemos, mecanismo mediante el cual se aseguraría ganar las elecciones, de no ocurrir y ante la amplia oferta electoral que tendrá la Ciudad, yendo por afuera posiblemente no obtenga un triunfo, lo que lo debilitaría de cara a 2019.
