Este miércoles la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño confirmó la presentación de una denuncia penal por tareas de investigación ilegales sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. La denuncia presentada ante la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata incluye un pedido de citación al ex presidente Mauricio Macri como “responsable” de la política nacional de inteligencia.
Según se informó, la AFI bajo el control de Gustavo Arribas habría llevado adelante tareas de espionaje sobre los familiares de los marinos mientras el submarino se encontraba aún desaparecido. Como pruebas se presentaron informes documentos que confirman seguimientos, fotografías e informes realizados sin autorización judicial.
Además de al ex presidente Macri, también se pide la citación de los ex responsables de la AFI Arribas y su segunda Silvia Majdalani, que también tienen en curso otras causas por espionaje ilegal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria y una megainvestigación por operaciones ilegales contra cientos de políticos (oficialistas y opositores), periodistas, sindicalistas y académicos.
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La investigación interna sobre el espionaje contra los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan nace con el descubrimiento de archivos digitales encontrados en la delegación marplatense de la AFI (cuyos responsables también deberían prestar declaración indagatoria) luego de un “requerimiento judicial realizado por Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores”, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa por las maniobras de espionaje ilegal y chantaje contra políticos y empresarios que tiene en el centro al falso abogado Marcelo D´Alessio.
El material descubierto en tres discos rígidos confirma la existencia de “seguimientos sistemáticos y fotografías” realizados entre enero y junio de 2018, mientras los familiares de tripulantes del submarino reclamaban que el Gobierno de Macri garantice la continuidad de la búsqueda de la nave siniestrada en noviembre de 2017 y finalmente encontrada un año más tarde. Parte de estas tareas de espionaje ilegal se realizaron sobre las manifestaciones ante la Base Naval de Mar del Plata y los reclamos al Consejo Deliberante marplatense, en lo que constituye una clara “producción de inteligencia ilegal” sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes.
La denuncia presentada por la actual conducción de la AFI afirma que estas tareas no fueron “ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado” sino “dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.
