Este martes se lleva adelante la última reunión de la comisión de juristas que convocó el Presidente Alberto Fernández para realizar propuestas de modificación sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, además de la implementación del juicio por jurados y el traspaso de la justicia penal nacional a la órbita porteña. Según trascendió, mañana le presentarán al Primer mandatario el informe de 500 páginas elaborado durante los últimos tres meses.
Si bien no ha circulado aún una versión oficial del documento que la comisión de especialistas le presentará mañana al Presidente, sí han trascendido algunos puntos clave de la propuesta, que no es vinculante, cuya versión final fue puesta a punto por los abogados Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera. El extenso documento incluirá un capítulo con las propuestas, otro con los fundamentos y un tercero con las opiniones de los distintos expertos convocados por la comisión (entre los que no se cuentan los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que no participaron del proceso).
Losardo ratificó que Rafecas es el candidato oficial para la Procuración
El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación”, coordinado por el abogado y funcionario Fabián Musso, estuvo integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), además del ex juez de España Enrique Bacigalupo.
Uno de los puntos con más relevancia coyuntural de la propuesta tiene que ver con la designación del Procurador General de la Nación, tema en el que el Gobierno desea avanzar, nombrando al juez Daniel Rafecas para sustituir en el cargo al procurador interino Eduardo Casal, que se sostiene en su cargo desde su designación en el macrismo. Actualmente la designación del mismo debe contar con una mayoría especial en el Senado de dos tercios, que se propondría modificar a mayoría simple (lo que permitiría la designación de Rafecas), manteniendo la exigencia de los dos tercios para la destitución. Además se propondrá limitar su mandato, actualmente vitalicio, a cinco años.
No habrá un pronunciamiento de la Comisión sobre la ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, pero sí se planteará la creación de un tribunal previo a esa instancia, buscando descongestionarla. También se propone habilitar la Suprema Corte de Justicia porteña como canal de apelación en la órbita de la justicia nacional.
En cuanto al Consejo de la Magistratura se sugeriría cambiar la estructura actual por un nuevo esquema de 16 miembros integrado por cuatro jueces (hoy son tres), cuatro académicos o científicos (hoy apenas se cuenta con uno), cuatro abogados (hay dos) y cuatro representantes de la política (hoy son siete, incluyendo a un representante del Poder Ejecutivo, que desaparecería). Para todos se propondrá dedicación exclusiva, con el objetivo de acelerar su operativa (en este sentido se plantean críticas a las demoras en concursos y jurys).
