Este jueves una jueza de la provincia de Chaco hizo lugar a una medida cautelar presentada por particular para suspender la aplicación en el territorio provincial de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), resolución considerada como “antidemocrática” por diversas organizaciones feministas.
La presentación fue realizada por un grupo de ciudadanos(que incluye a la ex legisladora provincial de la UCR Clelia Mirta Avila) patrocinados por el letrado Fernando Enrique Guirado, quienes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma que entró en vigencia hace pocos días, argumentando que “el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho a la vida y a la libertad desde la concepción”.
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La magistrada que concedió el recurso es la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, quien habilitó la feria judicial y aceptó el planteo por entender que “desde la perspectiva de las competencias se encuentran facultades delegadas, no delegadas y concurrentes” entre el Gobierno nacional y las provincias y que siendo que ambos regulan sobre un mismo tema debe aplicarse la “ley más favorable, siguiendo el criterio de darle mayor valor a los derechos de la persona humana”.
Soledad Deza, abogada feminista, consideró respecto de la decisión judicial en declaraciones a Télam: “Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción”. La profesional añadió que este tipo de planteos constituyen una “aventura jurídica” cuya legitimación activa “es muy seria en un proceso y esta decisión omite ese análisis como también el de la legitimación pasiva y la inexistencia inocultable de caso”.
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Deza, que también preside el colectivo tucumano MujeresXMujeres, añadió: “Es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al Poder Judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial al desconocer la supremacía constitucional y prestarse a este juego destinado al fracaso, pero que tanto daño hace a la sociedad y las instituciones”.
Diez días atrás, el juez federal Julio Leonardo Bavio rechazó un planeo similar en la provincia de Salta (avalado por un colectivo “pro vida” que incluía a la ex senadora del Partido Renovador María Cristina Fiore Viñuales) por “improcedente”, explicando además la suspensión de una norma sancionada por el Poder Legislativo excedía su competencia, recaudo que no tuvo la magistrada chaqueña.
