A pesar de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla descartó la existencia de delitos de lesa humanidad humanos en centros de aislamiento por coronavirus de la provincia de Formosa, la organización Amnistía Internacional le envió una carta expresando sus preocupaciones por el tema y pidiéndole que “condene las violaciones a los derechos humanos”.
El organismo internacional de defensa de los derechos humanos aseguró haber recibido numerosas denuncias por “las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS)” de la provincia gobernada por Gildo Insfrán.
Formosa: Pietragalla descartó de plano «delitos de lesa humanidad» en centros de aislamiento
Entre las denuncias recibidas se encuentran las de personas que aseguran haber sido recluidas en aislamiento de forma compulsiva por hasta 30 días en establecimientos sin las condiciones sanitarias adecuadas para prevenir posibles contagios en el marco de la epidemia de coronavirus.
Amnistía asegura haber recibió quejas por “la custodia por personal policial las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud esporádica; el hacinamiento; la falta de higiene; la falta de ventilación; la provisión escasa de alimentación de mala calidad; la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas; y la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad”.
El texto plantea luego que “por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria”.
Para terminar, Amnistía le exigió a la secretaría que encabeza Pietragala “una respuesta a la altura de las denuncias recibidas” y agregó que aunque “no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención”, el contexto “exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos”. Para concluir, le solicita al funcionario que “no convalide una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario y, en consecuencia, a violaciones a sus derechos”.
