Este martes, tras una reunión por teleconferencia del canciller Felipe Solá con otros ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), un colectivo internacional de países que buscan intervenir en la crisis venezolana, afirmando buscar “un diálogo inclusivo y un proceso de transición que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”. También participaron del evento el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti, el jefe de Gabinete de la Cancillería Guillermo Justo Chaves y el subsecretario de Asuntos de América Latina Juan Carlos Valle Raleigh.
Durante el encuentro, Solá planteó que “la solución para Venezuela es de los venezolanos” y pidió destrabar los fondos venezolanos bloqueados en el exterior para permitir que el país pueda utilizarlos para luchar contra la epidemia de coronavirus. Luego apoyó la propuesta de instalar una oficina permanente del GIC en Caracas y agregó: “Condenamos los bloqueos físicos y financieros porque tienen un efecto contrario al buscado. Por un lado, fortalecen a las autoridades que pretenden asediar y les dan argumentos políticos y económicos para justificar sus desbordes y encubrir falencias, y al mismo tiempo agravan el sufrimiento del pueblo venezolano al que se pretende ayudar”
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Más allá de reiterar que nuestro país apoya “soluciones pacíficas y democráticas” para el país caribeño firmó el documento colectivo que expresa “su preocupación por la situación en Venezuela” y hace “un llamado a los actores políticos locales y a la sociedad civil para que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país”. También reitera que “la única forma de salir de la crisis es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”.
Para ello, el GIC propone “la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado”, como “uno de los pasos necesarios para eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleven a cabo procesos electorales significativos”. “No puede haber democracia sin el compromiso de todos los partidos de respetar las reglas electorales básicas y el papel imparcial del CNE”, agrega.
Otro de los puntos de la declaración “exhorta a las fuerzas de la oposición democrática a unirse como parte de un esfuerzo más amplio y concertado para un mayor diálogo, que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad”. Y concluye pidiendo “la garantía de todos los derechos políticos y civiles y la libertad y la seguridad de todos los actores políticos”, enfatizando que “todos los presos políticos deben ser liberados de forma inmediata e incondicional y que se ponga fin al arresto domiciliario. La intimidación y las represalias continuas contra los actores políticos agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y el estado de derecho”.
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El GIC existe desde inicios de 2019, cuando a iniciativa de la Unión Europea se constituyó un colectivo junto con distintos países latinoamericanos para generar políticas respecto de Venezuela. Además de países de la Unión Europea como Francia, Suecia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Italia, España y Países Bajos, están Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay. Este martes se sumaron también Chile y República Dominicana.
Argentina se sumó al GIC en agosto del año pasado, emitiendo desde Cancillería un documento en el que se informaba que el Gobierno nacional “está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos a la labor del GIC, convencido del rol positivo que puede desempeñar dicho grupo en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que vive ese país sudamericano”.
Pero en su primera intervención formal en el organismo, en septiembre de 2020, nuestro país seguía rechazando cualquier tipo de interferencia en la política interna del país gobernado por Nicolás Maduro: “Creemos que la comunidad internacional tiene el deber de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes en un marco de pleno respeto de los mecanismos constitucionales vigentes. Pero es necesario resaltar que las partes son el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Si queremos que el diálogo resulte viable no podemos desconocer que hay un Gobierno constituido, que ejerce el poder del Estado. Pretender que el diálogo de la comunidad internacional sea con los partidos opositores y excluya al Gobierno, no conduce a nada”.
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La política zigzagueante de la cancillería argentina respecto de Venezuela luego llevó a que en octubre nuestro país apoyara el muy duro informe respecto sobre violaciones de derechos humanos en ese país presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, en octubre no acompañara el documento impulsado por Estados Unidos y el Grupo de Lima en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la convocatoria a elecciones legislativas y en el pasado mes de diciembre se negara a firmar un texto del GIC que denunciaba como “fraudulentas” a las recientes elecciones parlamentarias en las que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados lograron una mayoría absoluta que les permitió recuperar la Asamblea Nacional.
Seguramente este nuevo alineamiento argentino con el conjunto de países más críticos respecto del gobierno del chavismo en Venezuela reavive nuevas tensiones en el oficialismo, como la vivida algunos meses atrás cuando la ex embajadora Alicia Castro cuestionó en durísimos términos las críticas de Solá al régimen de Maduro como «autoritario», lo que derivó en un retroceso en su inminente designación como embajadora ante la Federación Rusa.
