Mientras que el Gobierno de Alberto Fernández oficializa la designación de Carla Vizzotti como nueva ministra de Salud en lugar del renunciado Ginés González García, con la publicación del Decreto 119/2021 en el Boletín Oficial, el escándalo de la Vacunación VIP sigue creciendo con nuevas repercusiones políticas y judiciales. Este sábado el fiscal Guillermo Marijuan presentó de oficio una denuncia penal contra el ex titular de la cartera sanitaria para que se investigue la “presunta comisión de delitos de acción pública” en lo que definió como “un acto de inusitada gravedad institucional”.
La denuncia del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 también involucra al periodista Horacio Verbitsky, quien hizo estallar el escándalo al contar públicamente cómo logró vacunarse sin turno sólo mediante un llamado a su “amigo” el titular de Salud. La denuncia a Verbitsky, aclara el fiscal, se realiza “sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas”.
Alberto designó a Carla Vizzotti como nueva titular del Ministerio de Salud
Marijuan presentó su denuncia de oficio ante la Cámara Federal porteña, y el próximo lunes se concretará el sorteo para ver en qué Juzgado cae. El escrito del fiscal también solicita que cada jurisdicción presente un informe sobre quiénes fueron inoculados contra el coronavirus como “personal de salud”, sin serlo.
Según la presentación, este tipo de hechos “resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo” al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
En su carta de renuncia Ginés reivindicó su gestión y culpó a su secretaria por el escándalo
“Esta situación -con relación al escándalo que le costó el cargo a González García- fue una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”, añade.
Y concluye: “Así las cosas, considero que se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda conseguirlo. Corresponde mencionar que se trata de una bajeza tal en personas con un cargo político y funcional trascendente que me hace recordar a los peores momentos de la Argentina. Resulta difícil de comprender cómo desde una posición de poder y de influencia política se avasallan todas las normas en pos de un beneficio personal que no hace más que mostrar la bajeza y la catadura moral inexistente de los que intervienen en estos sucesos”.
