El magistrado cree que la ex mandataria cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, un contexto en que -tras la devaluación que sinceró el tipo de cambio- obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.
La operación para el BCRA se estima que tuvo una pérdida de 77 mil millones de pesos y que fue realizada de forma «irregular, ilegal e ilegítima» porque tenía «el objetivo de mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra/venta durante la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración que debía asumir el 10 de diciembre de 2015 y a despecho de los evidentes perjuicios que estas operaciones provocarían a futuro».
Según Bonadio, esa maniobra por parte del BCRA «excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional».
