Este martes el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil eliminó una condena por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por considerar que el fallo del ex juez Sergio Moro no actuó con imparcialidad en el caso. La causa se vincula con un recurso planteado por Lula en 2018 contra el magistrado que lo condenó a ocho años de cárcel, después de que éste se integrara como ministro de Justicia al gobierno de Jair Bolsonaro.
La ministra Carmen Lúcia Antunes cambió su posición respecto del voto de 2018, cuando se rechazó el habeas corpus presentado por Lula que denunciaba lawfare en el caso que lo condenó a ocho años de cárcel en el marco de la llamda operación LavaJato, por la presunta propiedad de un departamento en el balneario de Guarujá, y por la que cumplió 580 días de detención, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo Tribunal determinó que su encarcelamiento era inconstitucional.
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Así, con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala del STF consideró que Moro actuó parcialmente en el proceso contra el exmandatario. Antunes reconoció que existían elementos que evidenciaron una actuación parcial de Moro para favorecer a la Fiscalía. Ahora la investigación respecto de la propiedad del departamento debería recomenzar desde cero.
La defensa de Lula sostenía que la decisión de moro de Moro aceptar la invitación de Bolsonaro para incorporarse al Gobierno confirmaba sus motivaciones políticas en el proceso contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que venía liderando todas las encuestas para ganar las elecciones de 2018. Esta posición se fortaleció en 2019 cuando el portal The Intercept Brasil filtró comprometedores mensajes entre Moro y los fiscales del caso para encarcelar a Lula.
El fallo de este martes es la segunda gran victoria judicial de Lula contra Moro, después de que el pasado 8 de marzo el magistrado Edson Fachin anulara todas las condenas impuestas por la Justicia Federal de Paraná al expresidente por considerar que Moro no tenía competencias jurídicas sobre el caso, ya que los procesos hubieran debido tramitarse en Brasilia y no en Curitiba, decisión con la que el ex presidente brasileño recuperó sus derechos políticos, reabriéndose la posibilidad de una nueva candidatura presidencial.
