Mariana Gagliardi, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, no duda en remarcar las irregularidades que exhibe la gestión Larreta en materia de concesiones y educación, con ajustes en el Plan Sarmiento que dejaron a más de 6500 chicos sin conexión en medio de la pandemia.
«Considerando el conflicto en relación a la desconexión de más de 6.500 estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, este año se va a auditar el “Plan de Educación Digital” -que incluye al Plan Sarmiento, el cual otorga una computadora a cada alumno-, donde analizaremos cómo se ejecutó la entrega de dispositivos electrónicos a los niños y niñas en edad escolar», anticipó.
Desde su análisis, la auditora por el Frente de Todos consideró además que el jefe de Gobierno puso en marcha «un claro modelo de privatización sobre el uso de los bienes de la Ciudad en beneficio de empresas privadas que tienen vínculos estrechos con el oficialismo porteño, y en su mayoría han sido aportantes de campaña de Vamos Juntos», la coalición oficialista.
Coordinadora académica de Proyectar Ciudad y ex jefa de despacho de Mariano Recalde, en diálogo con Informe Político habla de su trabajo al frente de la AGCBA y afirmó que es necesario, sobre todo en momentos como este atravesados por la pandemia, una instancia de tareas en conjunto entre «la Auditoría y el Ejecutivo porteño, y se debe habilitar con rapidez la posibilidad de que el organismo controle y realice tanto recomendaciones como aportes para mejorar la administración de los recursos y fortalecer la gestión pública».
-¿Cómo se trabaja y qué dificultades existen en este contexto?
-En la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), desde el mes de abril del 2020 formalizamos el trabajo remoto. Para eso tuvimos que rediseñar todas las tareas que permiten realizar el control de las políticas públicas: readecuamos el Plan Anual de Auditoría 2020 y las visitas de trabajo en campo. Durante este periodo nos propusimos principalmente estrechar el vínculo con los y las trabajadoras, para eso intensificamos las reuniones de trabajo interdisciplinaria entre las diferentes direcciones y áreas, donde escuchamos sus necesidades, sus propuestas y trabajamos en conjunto para fortalecer las tareas del organismo. Debo destacar que pudimos cumplir con las metas que nos propusimos, gracias al esfuerzo, el compromiso y la dedicación de todo el personal.
-¿Qué se sabe de los gastos que realizó el Ejecutivo en medio de la pandemia? Sobre todo, ¿qué tipo de contrataciones directas existieron y que respuestas, si las hubo, brinda el GCBA en estos casos?
-Durante el 2020, nos preocupó la falta de información y transparencia en relación al uso de los recursos de todos los porteños y porteñas. En mayo se sancionó la Ley de Emergencia Económica en la Legislatura porteña, que no contempló mecanismos de control adecuados, no especificó a dónde irían los recursos y concedió altos grados de discrecionalidad al Ejecutivo porteño en las compras y contrataciones. Frente a esto, como Presidenta del organismo, manifesté mi preocupación enviándole una nota a Diego Santilli, poniéndome a disposición y solicitando que la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, pueda auditar las compras en el marco de la pandemia.
A raíz de este pedido, acompañado en la legislatura también por el bloque de la oposición, se incorporó en la ley una comisión para el seguimiento de compras y contrataciones, dándole facultades a la Auditoría para realizar, a pedido de los legisladores, auditorías especiales de manera concomitante. Lo que sucedió, como venimos viendo en la legislatura con el tratamiento de distintos temas, es que el oficialismo dilató durante meses la posibilidad de realizar el seguimiento de las compras y contrataciones, y luego de ocho meses -a un mes de terminar el año-, solicitaron la intervención del organismo. De esta manera perdimos la oportunidad de hacer el control previsto por la ley, es decir, el ejecutivo porteño evitó, nuevamente, ser controlado.
Vimos que al inicio de la pandemia se denunciaron públicamente algunas compras como fue el caso de los sobreprecios en los barbijos adquiridos a empresas con vínculos familiares de funcionarios, compra de test vencidos, o los altos costos en viandas escolares, entre otros casos. Nuestro objetivo siempre es trabajar en conjunto para fortalecer la gestión pública, porque sabemos que de esa manera se administran mejor los recursos y eso beneficia a todos y todas las porteñas.
-En Educación, ¿qué controles se efectuaron sobre los gastos que realizó el Ejecutivo?
-Teniendo en cuenta que la Auditoría de la Ciudad realiza controles a año vencido, y no pudiendo realizar las auditorías que preveía la ley de emergencia económica, en los primeros meses de este año comenzamos a realizar los planes operativos para controlar la gestión de la pandemia en materia de educación.
Considerando el conflicto en relación a la desconexión de más de 6.500 estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, este año se va a auditar el “Plan de Educación Digital” -que incluye al Plan Sarmiento, el cual otorga una computadora a cada alumno-, donde analizaremos cómo se ejecutó la entrega de dispositivos electrónicos a los niños y niñas en edad escolar.
Otro punto importante a tener en cuenta relacionado a la educación son las viandas escolares. Desde hace algunos años, se observa que el presupuesto destinado a la Asistencia Alimentaria se mantuvo constante, pero a pesar de esto, las canastas han sufrido un ajuste en calidad y cantidad de comida y también ha habido denuncias por intoxicaciones masivas en escuelas, como fue a principios del año pasado en un colegio de Caballito, donde más de 30 alumnos sufrieron intoxicaciones.
En informes anteriores de la Auditoría advertimos que el Ejecutivo traslada el control de la calidad de los alimentos a las mismas empresas adjudicatarias, dejando así en manos de las empresas privadas el servicio de viandas de miles de chicos y chicas. Otro claro ejemplo de la falta de control y tercerización de la gestión de políticas públicas por parte del oficialismo porteño.
• @horaciorlarreta dice estar preocupado por la educación y sostiene que los niños y niñas porteñas son su prioridad, pero desde que asumió redujo un 45% el presupuesto destinado a educación.
— Mariana Gagliardi 💚 (@mgagliardiok) April 16, 2021
-En materia de obra pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente: ¿qué tipo de gastos auditaron en este tiempo? ¿Les llamó la atención alguno en particular?
En cuanto a lo ambiental, por ley la Auditoría de la Ciudad tiene la función de auditar anualmente el Plan Urbano Ambiental, herramienta fundamental para la planificación territorial de la Ciudad de Buenos Aires. Nos preocupan algunas observaciones que surgieron de los últimos informes de nuestro organismo. Por un lado, se redujo el personal técnico y los recursos económicos, se detectó además que no hay un sistema de coordinación y consulta con las comunas, y el Gobierno de la Ciudad no cumple con los envíos de informes a la Legislatura. En este contexto, donde vemos iniciativas privatistas como la de Costa Salguero, es preocupante que el Plan Urbano Ambiental no se cumpla correctamente.
Otro aspecto que nos llamó la atención a la hora de auditar es el sistema público de bicicletas de la Ciudad. En el último informe detectamos que la distribución de las ecobicis no es igual en todas las comunas: la gran mayoría corresponden a la zona norte y centro de la Ciudad. En el sur es prácticamente nula la posibilidad de hacer uso del servicio, por ejemplo en la comuna 8 solo un 9,55% de los habitantes puede acceder al servicio. Es evidente que hace falta una mayor planificación e inversión en la Ciudad, que garantice la movilidad saludable para todos y todas, y tenga como ejes prioritarios los espacios verdes y el ambiente.
La @auditoriacaba analizó la gestión del programa “Buenos Aires Presente”, destinado a la atención y acompañamiento para personas en situación de calle.
Necesitamos más información y estadísticas para implementar políticas efectivas a esta problemática en la Ciudad.👇🏻 pic.twitter.com/gnGLnbr6fK
— Mariana Gagliardi 💚 (@mgagliardiok) April 29, 2021
-Hoy la Auditoría de la Ciudad realiza controles a año vencido. ¿Es necesario modificar ese plazo en tu opinión? ¿En qué ayudaría?
-Esta disposición está estipulada por ley, por ese motivo la Auditoría de la Ciudad realiza controles a año vencido. De hecho, todos los años el Colegio de Auditores y Auditoras Generales se encarga de realizar un Plan Anual que contiene todos los programas y proyectos a auditar al año siguiente, el cual debe pasar y ser aprobado por la Legislatura. Esto permite tener una organización y planificación sobre los temas para controlar.
Lo que sí creemos es que, más allá de lo que establece la ley, es fundamental poder acompañar al Estado en los momentos de crisis. Un ejemplo claro fue el 2020: con la llegada de la pandemia, todos y todas tuvimos que reordenar nuestras prioridades, el Ejecutivo porteño no estuvo exento. Por eso, desde un primer momento nos pusimos a disposición para acompañar las compras y contrataciones que el Gobierno de la Ciudad hizo en el marco de la pandemia. Como dije antes, esto no pudo realizarse en tiempo y forma. Por eso consideramos que, en estas situaciones tiene que existir una instancia de trabajo en conjunto entre la Auditoría y el Ejecutivo porteño y se debe habilitar con rapidez la posibilidad de que el organismo controle y realice tanto recomendaciones como aportes para mejorar la administración de los recursos y fortalecer la gestión pública.
-Hace algunas semanas se dio a conocer un informe sobre concesiones irregulares que significan un perjuicio económico y legal para la Ciudad. ¿Qué sucede exactamente con las concesiones relevadas? ¿Esto es algo que se repite de manera sistemática en la gestión Larreta?
-Hace poco se aprobó un informe en la Auditoría donde se analizaron las concesiones del Gobierno porteño entre 2013 y 2016. Lo que se observó fueron diferentes irregularidades legales y, a la vez, se evidenció un perjuicio económico para la Ciudad. ¿Por qué un perjuicio económico? En primer lugar porque el alquiler que pagan las empresas no es proporcional a las ganancias que obtienen por explotar los servicios. Un ejemplo claro es Grúas, donde el cánon que abonaban era menos del 2% de lo que recaudaban. Además, se renovaron contratos a empresas que tenían deudas con el mismo Gobierno de la Ciudad, esto tiene que ver con el incumplimiento del pago de impuestos y sellos, como ABL e ingresos brutos. En resumen, de todo lo que facturaron las empresas, muy poco volvía a la Ciudad. Lo que significó una pérdida para todos y todas las porteñas.
En cuanto a las irregularidades legales, el gobierno porteño incumplió con la Constitución de la Ciudad que establece que las concesiones deben ser aprobadas por la Legislatura. En su lugar se aprobaron mediante permisos de “usos precarios”. En ese sentido, observamos algo que es sumamente alarmante, muchas de las concesionarias tenían los contratos vencidos hace años y se renovaban con la aprobación del Gobierno de la Ciudad, el cual se justifica diciendo que si el permiso es por menos de cinco años, puede hacerlo.
Es importante mencionar que estas concesiones fueron, en su gran mayoría, otorgadas por el ex Jefe de Gobierno Mauricio Macri, y sostenidas por el actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces lo que vemos es un claro modelo de privatización sobre el uso de los bienes de la Ciudad en beneficio de empresas privadas que tienen vínculos estrechos con el oficialismo porteño, y en su mayoría han sido aportantes de campaña de “Vamos Juntos”. Si tomamos el ejemplo de las concesiones, tenemos que preguntarnos por qué les renovaron concesiones a empresas que no pagan y que incumplen con sus deberes.
