Este viernes la Corte Suprema de Justicia resolvió que volverá la actividad presencial a los tribunales federales y nacionales de todo el país. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y quedará a criterio de cada superintendencia decidir la forma de convocatoria atendiendo a las particularidades edilicias de cada dependencia.
La Corte Suprema no fue la primera en tomar medidas acerca de la presencialidad. Días atrás, el Procurador interino, Eduardo Casal, también había firmado una resolución para volver gradualmente a la presencialidad en todas las fiscalías del país y en las dependencias del Ministerio Público Fiscal, más allá de que seguirá el trabajo remoto para todos aquellos empleados que tengan factores de riesgo.
En cuanto a la orden de la Corte Suprema, estarán convocados todos los magistrados, funcionarios y empleados, incluso los mayores de 60 años que ya hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna. Sí quedan exceptuadas las personas con enfermedades que supongan un riesgo y mujeres embarazadas.
La medida fue firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La disposición sostiene que “todo el personal judicial que concurra a los tribunales y dependencias para prestar servicios deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el respectivo ámbito”.
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En el documento también se remarca que “las funciones y tareas que se incorporen deberán llevarse a cabo siempre en base a la situación epidemiológica de cada jurisdicción o localidad y mediante el adecuado resguardo de la salud del personal del Poder Judicial de la Nación, de los profesionales, litigantes y de todas aquellas personas que concurran a los tribunales y dependencias que lo integran”.
En la misma línea el tribunal destacó que “desde un primer momento se contempló especialmente la situación del personal que, según los criterios médicos generales observados por las autoridades sanitarias, se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19″.
Y aseguró que por esa razón se le concedió “una licencia excepcional con goce de haberes y de carácter voluntario para todos aquellos magistrados, funcionarios y empleados mayores de 60 años o que padecieran enfermedades que los hicieran más vulnerables al virus COVID-19 o mujeres embarazadas”.
Del mismo modo subrayó que “paralelamente y desde el mismo momento, este Tribunal procuró asegurar la correcta y más amplia prestación del servicio justicia, tanto mediante la habilitación de presentaciones y la promoción del trabajo remoto, como mediante el levantamiento paulatino de la feria extraordinaria por razones de salud pública en las jurisdicciones en las que las condiciones epidemiológicas lo permitieran”.
Cabe destacar que desde el año pasado la totalidad de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación se encuentran funcionando sin feria judicial extraordinaria ni suspensión de plazos.
