El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigando la causa sobre las reuniones en la residencia de Olivos y decidió enviar el expediente a la Justicia Federal de San Isidro.
El motivo de la decisión fue la competencia jurisdiccional del expediente; se trata de la investigación de un hecho que no tuvo lugar en la Capital Federal, donde está su juzgado, sino que ocurrió en la Residencia de Olivos, donde tienen intervención los dos Juzgados Federales de San Isidro.
Según informa la resolución: «la denuncia formulada por Abril Fernández Soto y Marcos Longoni y cada una de las ampliaciones presentadas, apuntan a la Quinta de Olivos como el lugar donde se habrían cometido las conductas en infracción».
Del mismo modo amplia que: «los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar».
«Si bien el objeto procesal delimitado por la Fiscalía es amplio –dictámenes de fechas 5 y 13 de agosto- no me es posible encontrar un extremo factico que justifique la competencia territorial de este juzgado. No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia», explica el documento.
Luego de las denuncias iniciales, el juez había encargado la investigación al fiscal González, que el jueves pasado tomó la decisión de imputar a todos los participantes. Entre ellos al presidente Alberto Fernández, quien una hora antes se presentó sin abogado para ofrecer su versión de los hechos y proponer donar una parte de su sueldo a modo de reparación.
Tras esta decisión quedó zanjada la disputa en la que la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado N°1 de San Isidro, remitía un pedido a Comodoro Py para poder certificar y tener acceso al expediente. Con esa formalidad, la magistrada habría expresado públicamente su interés en el caso.
Por su parte, el presidente ya pidió su sobreseimiento por considerar que no hubo delito ya que el encuentro no generó contagios a propios ni terceros, y además propuso una reparación económica consistente en donar por cuatro meses la mitad de su salario al Hospital Malbrán.
