La fiscalía del juicio oral en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, planteó este miércoles la necesidad de incorporar al debate las declaraciones de los “arrepentidos” de la causa de los cuadernos. En un escrito, el fiscal Diego Luciani pidió que seis de esos empresarios se sienten ante el tribunal, los acusadores y las defensas.
“Insistimos en que resulta de vital importancia para la estrategia de este Ministerio Público Fiscal, la incorporación de todos los legajos de arrepentido”, le dijo Luciani a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
En tanto Juan Chediak y el extitular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, ya estaban citados para declarar como testigos. Ahora, la fiscalía pidió sumar de manera presencial a: el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Aldo Roggio (de Benito Roggio e Hijos) y Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Valenti (de la firma IMPSA).
Esto ocurrió lego de que el Tribunal rechazara el pedido de Juan Chediack, uno de los arrepentidos que solicitó no declarar como testigo en el juicio por la obra pública. Este no es el único empresario “arrepentido” del tema cuadernos al cual el fiscal Diego Luciani quiere escuchar.
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Chediack, ex presidente Cámara Argentina de la Construcción y dueño de su empresa, es uno de los arrepentidos del caso cuadernos pero a la par fue citado como testigo en el juicio, el único, que se le sigue a la vicepresidenta por el manejo de la obra pública. Según su abogado, Pablo Lanusse, la oposición de Chediak a declarar se relacionaba con la posibilidad de autoincriminarse.
En este contexto, Chediak fue citado para declarar el próximo lunes, en tanto que al día siguiente deberá hacerlo el empresario Carlos Wagner, otro extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de Esuco.
En este sentido, el Tribunal expresó que son causas distintas, ya que en el caso Cuadernos se investiga la entrega de sumas de dinero a la entonces presidenta Cristina Kichner, mientras que en este juicio se investigan irregularidades con la concesión de obra pública vial, concretamente unas 52 a Lázaro Báez.
Además, desde el Tribunal aclararon que “resulta obvio que, más allá de las objeciones genéricas de carácter constitucional que se presentan al caso, el testigo no podrá ser interrogado en este debate por sobre aquello que lo comprometa, en calidad de imputado, en otro proceso penal. No sólo por la incidencia que eso sí acarrearía a la garantía invocada sino porque además carece de relevancia probatoria para este expediente”.
