Dirigentes políticos y sociales pidieron frenar los pagos al organismo hasta que se investigue la legalidad del endeudamiento contraído por el macrismo. Le medida se presentó en el marco de la denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción y que investiga la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Este miércoles es el día anunciado por el Gobierno Nacional para hacer el último pago del año al Fondo Monetario Internacional, en el marco del acuerdo stand-by firmado por Mauricio Macri en 2018. El pago es parte de la intención de la administración de Alberto de evitar un default, en el marco de la renegociación abierta con el organismo, para acordar plazos y formas de pago, de la deuda que asciende a casi 45 mil millones de dólares. Después del pago de este miércoles al FMI, en enero vence deuda en dólares por más de u$s1.700 millones y en 2021 habrán totalizado unos 5200 millones.
La solicitud fue presentada por Claudio Lozano, director del Banco Nación y militante de Unidad Popular, Jonatan Baldiviezo, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos – ODC) y otros referentes del movimiento de Derechos Humanos, de Unidad Popular (UP), la CTA Autónoma, el Partido del Trabajo y del Pueblo, entre otros.
Se pide suspender los pagos al FMI hasta que se compruebe la legalidad del acuerdo de Macri
El pago de los u$s1.800 millones corresponden a la segunda liquidación anual por los intereses del stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Días atrás, trascendió que el ministro de Economía Martín Guzmán buscaba que en el acuerdo de Facilidades Extendidas, cuya negociación sigue en vigencia, se incluyan los 3.600 millones de dólares de vencimientos de este año; y cuya primera liquidación de u$s1.885 millones se concretó en septiembre pasado (equivalente a 1.327 millones de DEG, la moneda del FMI).
Aún sin acuerdo a la vista, el Gobierno pagará esta semana casi 1900 millones de dólares al FMI
El objetivo de la cautelar presentada es que el Estado nacional «suspenda todo pago de deuda al Fondo Monetario Internacional, hasta que el Congreso nacional analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos con el FMI».
«Solicitamos al Tribunal que remita con urgencia al Congreso copia de la totalidad de las causas penales donde tramita la investigación de la comisión de delitos en el marco del endeudamiento con el FMI, a fin de que el máximo órgano democrático del país cuente con toda la información disponible para evaluar y considerar el nuevo acuerdo, y la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI a partir del año 2018″, señalaron los dirigentes que presentaron la cautelar.
La Oficina Anticorrupción tienen abierta una causa, que está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, con el número de expediente 3.561/2019 y la carátula: «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
El endeudamiento por más de u$s44.700 millones con el FMI durante el macrismo «violó numerosas leyes, la Constitución nacional y tratados internacionales» y que al día de hoy el acuerdo suscripto por Mauricio Macri y Christine Lagarde «no ha sido convalidada ni tratada por el Congreso», señalaron Lozano y Baldiviezo.
«Los organismos estatales que dictaminaron (Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Banco Central y la Procuración del Tesoro) sostuvieron la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; malversación de caudales públicos; y defraudación por administración infiel, en perjuicio de la Administración Pública Nacional», detallaron.
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz – SERPAJ); Nora Irma Morales de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Ricardo Peidro (CTAA Nacional); Leticia Beatriz Quagliaro (Unidad Popular); Hugo Ernesto Godoy (CTAA Nacional); Beverly Keene (Diálogo 2000); Víctor Norberto de Gennaro (Unidad Popular); Juan Carlos Alderete (PTP – Diputado Nacional); María Eva Koutsovitis (Unidad Popular – El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos); Luis Tiscornia (CONADU Histórica); Oscar «Colo» Gerardo De Isasi (CTAA Nacional); Cecilia Valerga (Coordinadora Serpaj) y Pablo Damián Spataro (CTAA Nacional), entre otros, también se sumaron a la denuncia.
