La magistrada federal le solicitó al juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23, Norberto Circo, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y decline su competencia.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que se inhiba de seguir interviniendo en las causas vinculadas con los incidentes y el ataque del jueves pasado contra el Congreso de la Nación, que en las últimas horas sumó un nuevo detenido.
Capuchetti argumentó que no puede realizarse una investigación desdoblada y que todos los hechos forman parte de una «hipótesis amplia», vinculada al intento de entorpecer el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, informaron fuentes judiciales.
Por el momento, los hechos ocurridos el día en el que Diputados trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se investigaron a través de distintos expedientes: en la causa federal -en la que intervienen Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo- los delitos podrían encuadrarse bajo las figuras de «daños agravados» e «intimidación pública», hechos distintos a los que pesquisa la Justicia porteña, que tiene a dos personas detenidas e investiga atentados contra la policía local y daños al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el último video difundido el lunes por Cristina en redes sociales, el atentado al que definió como «grave y planificado», duró casi 23 minutos durante los cuales no dejaron de tener lugar los piedrazos, sin intervención de la Policía de la Ciudad.
Cristina detalló con imágenes en tiempo real, desde el exterior y desde adentro, la cronología del ataque que, indicó, se inició a las 15.07 cuando se advierte como un reducido grupo de personas tiran bombas de pintura roja contra la ventana del primer piso donde está la oficina de la vicepresidenta, con el presunto propósito de marcar el lugar adonde apuntarían las piedras.
En esta causa y a partir del análisis de imágenes de la cámara de seguridad de la Policía Federal que se ubica en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, justo frente a las oficinas privadas de la titular del Senado, ya hay ocho personas identificadas como los presuntos responsables del ataque contra el Congreso, aunque fuentes judiciales adelantaron que se está intentando identificar a otros agresores.
Uno de los detenidos fue apresado anoche en San Isidro, como sospechoso de haber participado en los disturbios frente al Congreso el jueves último, identificado como Jaru Alexander Guerrero Rodríguez, supuestamente vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
El otro detenido por la justicia porteña es Oscar Santillán, a quien ya le dictaron prisión preventiva, luego de una audiencia celebrada el lunes a la mañana.
El operativo que derivó en la nueva detención fue pedido por exhorto a la justicia bonaerense por el juez penal y contravencional de faltas porteño, Norberto Circo, quien instruye una causa por «atentando a la autoridad, lesiones y daños contra el patrimonio porteño» a raíz de las agresiones sufridas por policías y los daños a bienes de CABA.
Paralelamente, el mismo magistrado dispuso anoche un allanamiento a la sede central del movimiento Teresa Rodríguez en la localidad de Florencio Varela en busca del sospechoso identificado como Guerrero Rodríguez, de 29 años, quien no fue hallado en ese lugar sino en San Isidro.
El juez Circo dispuso el lunes la prisión preventiva del primer apresado, acusado de «haber formado parte de una asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes perpetrados en las inmediaciones del Congreso Nacional».
