A raíz del mensaje enviado por el renunciado ministro de la Producción, Matías Kulfas, los diputados de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Waldo Wolff, denunciaron al presidente del directorio de la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) Agustín Gerez, por incumplimiento del deber de funcionario en la mencionada licitación. También se integra a los funcionarios que hayan formado parte de la misma por un supuesto favorecimiento a Techint para la provisión de caños para el gasoducto Néstor Kirchner.
El mensaje, bajo la modalidad “off the record”, dado a conocer por el ministerio de Kulfas, esostenía que una cuestión técnica era, en realidad, una decisión para que Techint fuera adjudicataria del contrato, puesto que es la única que confecciona los tubos con esas características. Ese mensaje generó la reacción de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y precipitó el pedido de renuncia del presidente, Alberto Fernández, a Kulfas.
«Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, TENARIS SIAT SA parte del grupo empresario TECHINT«, sostiene la denuncia de Ocaña y Wolf.
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“La única empresa que se presentó y terminó siendo adjudicataria de una licitación multimillonaria fue TENARIS SIAT SA«, lo que –según el texto- alienta la posibilidad de que se hubiera tratado de una licitación dirigida.
Asimismo, los legisladores opositores deslizaron que la supuesta manipulación de la licitación habría posibilitado “el pago de 200 millones de dólares que la empresa SIAT, única oferente de la licitación de tubos, reclama para pagar la importación de acero a empresas vinculadas a través de un complejo mecanismo de participación societaria recíproca«.
«Se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes«, prosigue el texto.
La denuncia de Ocaña y Wolff apunta a los supuestos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir una maniobra defraudatoria contra la administración pública«.
