La AFIP levantó parcialmente la feria fiscal para avanzar en la investigación de las 950 cuentas de más de un millón de dólares no declaradas o subdeclaradas por ciudadanos argentinos sobre las que aportó información la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los ex titulares de la AFIP durante el macrismo, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, podrían ser acusados de intentar ocultar esa información provista por el organismo internacional en 2017.
El total de esas cuentas investigadas supera los USD 2600 millones, hoy en paraísos fiscales, y hay otros miles de cuentas por debajo del monto mínimo de un millón de dólares respecto que quedarán para una segunda etapa de investigación en el organismo hoy encabezado por Mercedes Marcó del Pont.
“Los procedimientos de fiscalización que se realizan en función de la información proporcionada por la OCDE resultan de trascendencia institucional y comprometen el interés fiscal en el marco del actual contexto de emergencia”, detalla la Resolución General publicada de la AFIP publicada en el Boletín Oficial.
Según sospechan los actuales directivos del organismo recaudador, el rol de Abad y Cuccioli no sólo pasó por no investigar los datos aportados por la OCDE en el marco del convenio de intercambio de información sensible entre sus países miembros, sino que además podrían haber sido responsables de maniobras tendientes a frenar el posible avance en el procesamiento de esos datos y hasta a eliminar información para que no se pudiera acceder al nombre de los titulares de las cuentas evasoras.
A fines de 2017 la AFIP de Abad había desarrollado el software eMIAI (Electrónico Módulo de Intercambio Automático de Información), que permitía acceder a la identificación de los contribuyentes argentinos detectados en diversos países. Más allá de las deudas que mantenía nuestro país con la OCDE por no haber pagado su membresía, finalmente se pudo comenzar a trabajar sobre los datos aportados en enero de 2018, cruzando los aportes del organismo con la base de datos nacional.
Pero a los pocos días, el subdirector de Auditoría Néstor Sosa decidió borrar el “usuario” con los datos ya procesados dejando solamente un backup de los archivos sin procesar. Dos días antes de este insólito procedimiento técnico, Abad y el subdirector general de Fiscalización Marcelo Costa le habían solicitado al personal que estaba trabajando con el cruce de datos que presentaran un reporte impreso con los nombres procesados hasta el momento, que Abad recibió en mano antes de que Sosa procediera al borrado. Desde entonces, la AFIP no volvió a tomar acciones sobre el listado de evasores aportador por la OCDE, lo que podría dar pie para avanzar en una fuerte acusación judicial contra sus directivos durante el Gobierno de Cambiemos.
