Este lunes con la exposición por parte del Poder Ejecutivo, se abrió el debate en el Senado de la Nación sobre el proyecto de ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación el pasado viernes. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, junto a la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, expusieron sobre la iniciativa ante las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud del Senado de la Nación y respondieron preguntas de los legisladores y las legisladoras.
Al inicio de la exposición, los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron que los abortos clandestinos constituyen un problema de salud pública y de justicia social. En ese marco, recordaron que el proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue enviado junto con el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que son dos iniciativas que dialogan entre sí entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan.
Vilma Ibarra recordó que “el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una promesa que se realizó en la campaña electoral. Tanto quienes acompañaron al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta de la Nación en su boleta conocían y sabían que esta era una propuesta que se planteaba. Y también los electores y electoras quienes han votado al Frente de Todos sabían que esto era un proyecto que se iba a presentar”.
Luego aseguró que los abortos clandestinos constituyen un gravísimo problema de salud pública del cual el Estado y la sociedad deben hacerse cargo. “Este proyecto quiere evitar muertes evitables, quiere abordar un tema de salud pública pero que necesita también para ser efectivo, para disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, para disminuir la cantidad de abortos, un reforzamiento muy amplio en todo el territorio nacional de la educación sexual integral y de prevención de violencias y prevención de abusos sobre todo en niñas y en adolescentes, que tiene que ser una política de Estado que ya esta tomando con mucho ímpetu el Ministerio de las Mujeres pero que es absolutamente necesario para reforzar estas políticas y también políticas de acceso con mucha facilidad a métodos anticonceptivos”, señaló
Ginés González García afirmó que “el aborto tal como está causa muertes. La penalización solo estigmatiza a las mujeres más vulnerables porque hace que lleguen más tarde a los servicios de salud. Entonces este es un problema de salud pública, equidad y justicia social”, señaló.
“Desde el punto de vista de prevención, el proyecto busca reducir la mortalidad materna, la morbilidad materna y los ingresos y egresos hospitalarios como consecuencia de este tipo de abortos inseguros. Ademas en la prevención, con la ley 25673 de salud sexual y procreación responsable, la Nación Argentina ha intentado que haya acceso efectivo, global y equitativo a todos los métodos anticonceptivos y sobre todo tenemos una distribución con equidad”, sostuvo el ministro.
Luego, Gómez Alcorta, expuso los detalles técnicos referidos a los aspectos de despenalización en el proyecto de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto y señaló: “Estamos convencidas y convencidos que este proyecto junto al de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia vienen a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado”.
Y continuó: “Tenemos sobradas evidencias al día de hoy que con la legalización se disminuye la mortalidad materna, se eliminan los riesgos en la salud de las mujeres y disminuyen los abortos. Las prácticas de legalización en distintos países del mundo demuestran que existe un círculo virtuoso una vez que los abortos están legalizados, en términos de mayor acceso a la información, a la anticoncepción post aborto y el acompañamiento de consejerías. Y tenemos experiencias que muestran que también disminuyen los abortos. Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que es nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino”.
El aborto clandestino le cuesta al Estado hasta 21 veces más que el aborto legal
En el inicio del plenario, el senador del Frente de Todos Dalmacio Mera formuló un planteo en contra del giro a comisiones dispuesto por la Presidencia del cuerpo y reclamó incluir a la comisión de Asuntos Constitucionales en el debate.
La propuesta generó intercambios de opiniones entre senadores del oficialismo y de la oposición en torno a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea la Banca de la Mujer, conducida por Norma Durango, la conductora del debate, junto a Justicia y Asuntos Penales y Salud.
Mera, quien se manifestó en contra del aborto, consideró que el giro «es equivocado y una forma simbólica de desresponsabilizar al varón en una situación tan delicada», y señaló que la Banca de la Mujer está integrada solo por mujeres, por lo que pidió que se revea el giro dispuesto.
La propuesta de Mera fue rechazada incluso por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, pero fue acompañada por el presidente de la comisión de Salud, el radical de Cambiemos Mario Fiad, quien condujo el debate en comisiones en 2018.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Durango, abrió a las 14.05 el plenario que comenzó a analizar el expediente venido en revisión de la Cámara baja, dijo que espera «un debate respetuoso con los argumentos de una u otra posición» y pidió «aportar al diálogo y al intercambio para un enriquecedor debate».
Durango adelantó que planea emitir dictamen el próximo jueves, luego de escuchar a entre 40 y 50 expositores entre mañana y el miércoles, en jornadas que serán divididas entre las 10 y las 13 y las 15 y las 18 horas de cada día.
El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente.
El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
