La AFIP presentó una denuncia penal para que se investiguen las responsabilidades por la filtración de datos sobre el millonario blanqueo aprovechado por familiares y socios del presidente Mauricio Macri y sus funcionarios más cercanos. Ya fue apartado de su cargo Jorge Enrique Linskens, subdirector de Sistemas y Telecomunicaciones.
Continúan las repercusiones en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de la publicación en Página 12 de la investigación firmada por el periodista Horacio Verbitsky que daba cuenta de que “familiares, socios y amigos” del presidente Macri habían blanqueado 132,5 millones de dólares. El organismo recaudador presentó una denuncia penal para determinar las responsabilidades por la filtración de los datos, que se encuentra en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, pero mientras avanza la investigación ya se han tomado una serie de medidas internas que van desde el alejamiento de Linskens (reemplazado por Néstor Sosa, ex subdirector de Auditoría Interna) hasta la intervención directa sobre las reparticiones informáticas. Más allá de que la se contempla la posible filtración por la vía de un hackeo informático, la hipótesis más probable es la de “empleados infieles” que hubieran hecho llegar esos datos sensibles al periodista, por lo que también se inició una intervención directa de Asuntos Internos, a cargo del propio Sosa.
Si bien la información divulgada no fue cuestionada por ninguno de los involucrados (el hermano del presidente Gianfranco Macri, el “hermano de la vida” Nicolás Caputo, el empresario Marcelo Mindlin, un primo del jefe de Gabinete y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia), las resoluciones de la AFIP apunta a “blindar” el resto de la información sobre el blanqueo para evitar futuras filtraciones que comprometan a particulares o empresas que se hayan adherido al blanqueo histórico del mes de abril.
La decisión del titular de AFIP, Alberto Abad, de designar a Sosa como responsable de la investigación interna apunta a avanzar “lo más rápido y efectivamente posible” en el nuevo blindaje de los datos y en la determinación de responsabilidades internas. Por el momento, se sospecha que serían tres los empleados responsables de la filtración, que de ser encontrados culpables podrían recibir la pena mencionada en el artículo 87 de la ley de sinceramiento fiscal por violación del secreto, que incluye prisión de hasta dos años e inhabilitación por cuatro para ejercer cargos públicos.
La ley plantea que los funcionarios del organismo, y los de toda la administración pública, “están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos”. En un primer momento, la redacción de la ley incluía la posibilidad de iguales sanciones y multas equivalentes a los montos divulgados para los periodistas que informaran sobre el tema, pero en la versión final se eliminó este ítem por considerarlo violatorio de la libertad de prensa e información.
