Después de las noticias de este viernes que, tanto desde el plano judicial como desde el político, parecieron definir un cambio de rumbo en la política oficial respecto de la intervención y expropiación del grupo cerealero Vicentín, este sábado el Presidente Alberto Fernández aseguró durante una entrevista radial que “de ninguna manera hubo marcha atrás en Vicentín” y cuestionó el fallo del juez que repuso al directorio de la empresa, calificándolo como un “dislate”.
Este viernes el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lorenzini, aceptó restituir al directorio de la empresa Vicentin por un plazo de 60 días, otorgándole a los interventores estatales el rol de veedores, al tiempo que se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad de fondo.
Respecto de esta decisión judicial, Fernández manifestó: “Discrepo absolutamente con el fallo del juez, es disparatado. Lo que hizo el juez es un dislate jurídico de magnitudes”. Luego cuestionó el hecho de que el plante judicial por un lado afirma que “no puede opinar sobre el DNU” pero por otro está dictando una medida para “que no se cumpla”. Luego advirtió que si el juez dice que no a la propuesta del gobernador santafecino Omar Perotti, «sólo queda expropiar”. En este sentido, el mandatario afirmó: “El juez ha tenido más en cuenta el microclima de la zona que los criterios de Justicia”.
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En el mismo sentido, Fernández criticó duramente la campaña mediática contra el interventor designado por el Gobierno y el proyecto de expropiación de la empresa: “No puse al frente a mi primo, sino a uno de los mejore técnicos que existen en la materia que es Gabriel Delgado. A Clarín le preocupaba que los medios quedaran en manos nacionales pero no quiere que sea con el mercado de cereales. Siento que me toman por estúpido”.
En relación con la propuesta que presentó este viernes Perotti, para avanzar en un proceso de salvataje de la empresa con perspectivas de asociación estatal pero sin expropiación, el Presidente explicó: “Me dijeron que existía una posibilidad de solucionar el tema sin la expropiación. No veía esa solución pero si alguien la tenía que la trajera. Con Perotti nos pusimos a ver alternativas. Una de las que vimos era que la IGJ de Santa Fé pida la intervención de Vicentín en los mismos términos del decreto”.
“Estoy absolutamente dispuesto a encontrar una solución alternativa”, insistió Fernández. Y luego remarcó que el objetivo oficial es que en cualquier esquema futuro, el Estado tenga “la mayoría accionaria y se haga cargo de la empresa”, ya que Vicentin puede ser clave para “saber qué está pasando” en el mercado cerealero. “Es muy importante para el Estado tener una empresa de la envergadura de Vicentin en ese mercado”, remarcó.
Por último, el Presidente recordó que la empresa no se encuentra en una situación económica saludable sino todo lo contrario, como viene recalcando desde el anuncio de intervención: “Nardelli lo vino a ver a Kulfas antes de que yo asumiera para pedirle ayuda. Vicentín tiene problemas penales y judiciales, que van desde estafas a bancos oficiales a denuncias de lavado y operaciones en negro con la soja”. En cuanto al tema de la situación judicial de la empresa, Fernández anticipó que no va a “emitir juicio” porque “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
El mandatario recordó que en el encuentro con el CEO de Vicentín Sergio Nardelli le preguntó porqué la empresa había constituido tantas sociedades, y el empresario respondió que “tenían que crearlas para conseguir créditos”. Luego aseguró que “el que pidió la intervención del Estado fue Nardelli” y agregó: “Nardelli quería que nos pusiéramos de acuerdo con ellos y eso me parece muy poco ético”.
En este sentido, Fernández aclaró que ese contexto de dudas sobre el accionar empresario le genera “dilemas éticos” respecto de una posible asociación estatal con la empresa: “Yo no siento que sea ético que ante semejante sospechas yo como Presidente vaya a negociar con esos accionistas. Tengo un dilema ético porque nos quieren obligar a ser socios de los que generaron ese problema”.
