El proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei desató una creciente polémica política y social al poner en primer plano un modelo de flexibilización que críticos denuncian como regresivo y desfasado respecto a las necesidades de la fuerza de trabajo argentina. La iniciativa oficial —que se debate en sesiones extraordinarias en el Congreso— fue analizada por dirigentes sindicales como la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleña, quien advirtió que la misma busca devolver a los trabajadores a condiciones propias del siglo XIX.
En una columna publicada esta semana, Aleña sostuvo que el proyecto limita el “principio más favorable al trabajador” y habilita la renuncia de derechos laborales a través de acuerdos individuales que no requieren intervención sindical, dejando al trabajador en desventaja frente al empleador. La crítica se intensifica al señalar que el texto todavía no incorpora a los trabajadores de plataformas digitales y que, de aprobarse, pulverizaría la negociación colectiva y los derechos conquistados a lo largo de décadas.
El impacto en la vida cotidiana de los trabajadores es un punto de fuerte disputa. En el caso particular del sector vial, Aleña recordó que los salarios permanecen congelados desde hace más de 13 meses y que las paritarias solo pudieron reabrirse gracias a un fallo favorable de la Cámara del Trabajo. Las reuniones con autoridades no aportaron propuestas de aumento, lo que, según la dirigente, refleja una política salarial “estancada” en un escenario de inflación persistente.
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La reforma también genera preocupación por su efecto en organismos clave del Estado. Aleña señaló que la subejecución presupuestaria de Vialidad Nacional y la retención de fondos específicos destinados al mantenimiento de rutas nacionales han contribuido al deterioro de la infraestructura vial, poniendo en riesgo la seguridad de quienes transitan por caminos nacionales y afectando la circulación de bienes y servicios esenciales. El Ministerio de Economía confirmó que parte de esos recursos se encuentran invertidos en letras y plazos fijos, una situación que el sindicato cuestiona como una política de desfinanciamiento.
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Desde el plano político, la reforma laboral forma parte de una agenda legislativa más amplia que incluye otros cambios estructurales impulsados por el gobierno de Milei. El oficialismo sostiene que las transformaciones son necesarias para atraer inversiones, generar empleo formal y modernizar un mercado de trabajo rígido, aunque enfrenta una fuerte resistencia sindical y rechazo desde amplios sectores de la oposición política.
Críticas adicionales han llegado desde figuras como el senador Mariano Recalde, quien consideró que la iniciativa oficial busca “facilitar los despidos a las grandes empresas” y describió algunos de los mecanismos propuestos, como el Fondo de Asistencia Laboral integrado con aportes de jubilados, como un subsidio al empleo de las grandes compañías a costa del sistema previsional.
Los detractores sostienen que la reforma está lejos de atender las prioridades del mercado laboral argentino y que, en vez de fomentar empleo, podría agravar la precarización y la desigualdad. En paralelo, analistas económicos denuncian la pérdida de poder adquisitivo de los salarios como un fenómeno estructural que no se resuelve con ajustes normativos, sino con políticas públicas integrales que impulsen el empleo estable y la redistribución del ingreso.
En síntesis, mientras el Gobierno intenta consolidar la reforma laboral como uno de los pilares de su gestión en el Congreso, la disputa política y social que se genera en torno a sus efectos reales muestra una profunda polarización: para el oficialismo es una reforma necesaria para modernizar el mercado de trabajo y atraer inversiones, mientras que para sindicalistas, legisladores opositores y movimientos sociales representa una amenaza para los derechos laborales y el contrato social.
