Mientras crece la represión contra la población boliviana que se moviliza contra el golpe de Estado, la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez desconoció a las nuevas autoridades de parlamentarias elegidas por los legisladores del MAS y busca afianzarse en al frente del Poder Ejecutivo. La preocupación internacional por posibles violaciones a los derechos humanos se multiplicó este fin de semana al conocerse la aprobación de un decreto que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal por sus actos en operativos “para el restablecimento del orden interno”.
En cuanto a la designación de autoridades por parte de diputados y senadores del MAS, Áñez consideró: “Va a haber una impugnación. El Movimiento al Socialismo tiene mayoría en ambas cámaras y la información que tenemos es que no habría conseguido el quórum. No podemos seguir llevando adelante acciones manipuladas de este tipo. Necesitamos la pacificación del país y así no la conseguiremos. Debemos ser responsables”.
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En relación con el estado de movilización de grandes sectores de la población que rechazan la autoproclamación de Áñez y sostienen cortes de rutas y caravanas de protesta, la cuestionada presidenta dejó en manos de las FF.AA. el plan para la “pacificación” del país: “Hay un plan que desconozco porque no es mi rol saberlo. El Ministerio de Defensa, junto con las Fuerzas Armadas y la policía, diseñaron un plan para tener todos los caminos expeditos para poder llegar a toda la población”. “Espero que se haga de manera pacífica”, agregó.
Sin embargo, esta esperanza no parece ser muy firme ya que este viernes firmó un decreto que en el inciso tres de su artículo segundo plantea que “Todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas Militares y Policiales, en el cumplimiento del presente Decreto Supremo”.
Y luego, en un artículo que despertó la preocupación por el curso de la represión en un país donde en los últimos días ya se registraron por lo menos una veintena de muertos a manos de las fuerzas de seguridad, establece: “Artículo 3°: El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Mientras tanto, este sábado se confirmó la novena muerte derivada de la brutal represión que sufrió una movilización de campesinos cocaleros a favor de Evo Morales en la región de Cochabamba, que además dejó más de 115 heridos graves y cerca de 500 detenidos.
