Esta semana la jueza estadounidense Loretta Preska, heredera de la causa de los fondos “buitre” que llevó el juez Thomas Griesa, respondió al pedido de nuestro país de fijar un monto para cerrar los juicios pendientes con los holdhouts residuales, estableciendo un monto a pagar de 224,2 millones de dólares.
Con ese monto se saldarían los reclamos de los fondos buitre Attestor Master Value (por USD 67,9 millones) y Trinity Investments (USD 156,3 millones). Los abogados que representan a nuestro país también pedirán a la jueza que llame a otros acreedores que todavía permanecen fuera de los cobros ya pactados, como el fondo Bacebridge. Se estima que el total a pagar antes de fin de año sumará entre 400 y 500 millones de dólares.
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La estrategia del gobierno de Alberto Fernández pasa por cerrar todas estas causas contra el país que tramitan en tribunales extranjeros (en este caso, concretamente en el Segundo Distrito Sur de Nueva York), alcanzando a los acreedores que no aceptaron la propuesta de pago realizada por el ministro de Economía Alfonso Prat Gay en abril de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Los reclamos de los fondos residuales ante el tribunal de Presca alcanzaban los 800 millones de dólares, concentrando los reclamos de unos 30 inversores particulares y 10 fondos buitre sobre bonos argentinos defaulteados que habían sido emitidos entre 1997 y 2001 en este caso, cuyos tenedores originales decidieron no entrar a los canjes posteriores a la cesación de pagos de fines del 2001, realizados en 2005 y 2010.
