La crítica situación que atraviesa la mina carbonífera Río Turbio, con cientos de despedidos y empleados suspendidos, motivó que Daniel Castellón, referente de ATE, indique que «el Gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto y ver lo que pasa con la gran cantidad de gente que queda en la calle».
«Y la única respuesta que dan es la militarización de toda la zona en medio de políticas públicas de ajuste y desempleo», aseveró el dirigente gremial. En los últimos días, trabajadores de la mina decidieron llevar sus protestas al centro porteño. Por el momento, 500 empleados se encuentran en conflicto y no está garantizado el pago salarial para las 2000 mil personas que se desempeñan en la firma.
Castellón recordó que «afortunadamente gracias a la presencia de mucha gente la represión no pasó´a mayores. Lo que quieren hacer es desfinanciar al Estado, a las empresas del Estado, a la cosa publica, justo frente de lo que nosotros queremos que es más presencia del Estado, más empelo y más decisiones populares».
Además, «pidió que la gente se informe de lo que pasa en todo el país porque los medios hegemónicos dicen muchas cosas, pero no cuentan lo que estamos pasando en el sur del país». Y concluyó: «El Gobierno nacional intenta judicializar la política. El Peronismo no es un consejo o un edificio es un movimiento que representa los intereses del pueblo y este tipo de practica del ejecutivo nacional demuestra que no respetan las instituciones ni a los trabajadores»