La poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y otras numerosas organizaciones políticas y sociales del país vecino lanzaron un ultimátum para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), anticipando que si para el próximo lunes no cancela el nuevo aplazamiento de las elecciones generales de ese país hasta el 18 de octubre dispuesto por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, lanzará una huelga general por tiempo indeterminado.
La decisión terminó de cobrar forma este martes, luego de una multitudinaria movilización en la ciudad de El Alto en rechazo a la nueva postergación de las elecciones nacionales del 6 de septiembre anunciada por el gobierno de Áñez. Participaron de la protesta miles de obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y vecinos, que engrosaron la impresionante caravana que partió de la ex tranca de Senkata y terminó en la Ceja de El Alto, donde se realizó un cabildo abierto que confirmó la voluntad popular de avanzar hacia una «huelga general indefinida a escala nacional».
Bajo una intensa presión de las bases populares, la COB tuvo que anunciar la convocatoria al paro, derivando a las Centrales Obreras Departamentales, Regionales, Federaciones y Confederaciones la coordinación subnacional de los piquetes y el bloqueo de caminos que comenzarían a llevarse adelante a partir del lunes si el TSE no rectifica el anuncio oficial del gobierno de Áñez, surgido del golpe contra el presidente constitucional Evo Morales de noviembre de 2019.
«Le estamos dando un plazo de 72 horas para que el TSE se retracte y cumpla las elecciones el 6 de septiembre. Si este cabildo no es escuchado, el lunes 3 de agosto empieza la huelga general indefinida, empieza el bloqueo nacional en los nueve departamentos», advirtió el secretario ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi.
Según distintos sondeos, el MAS (partido del ex presidente Morales) podría volver a la presidencia en un proceso electoral limpio, particularmente luego del impacto negativo que ha implicado para el país la epidemia de coronavirus y la acelerada multiplicación de casos de los últimos meses, que generaron una severa crisis sanitaria en el marco de la que crecen los cuestionamientos a la capacidad del gobierno de facto para gestionar la dramática situación.
