El juez Claudio Bonadío sumó a la periodista Estefanía Cámera Da Boa Morte a la lista de procesados por los incidentes registrados en la Plaza Congreso y sus alrededores durante las protestas contra la aprobación de la reforma previsional del pasado mes de diciembre. Por otro lado, se suman nuevos elementos para probar el encubrimiento de la Policía Federal para intentar encubrir a Daniel Barisone, el policía que pasó por encima con su moto a un manifestante, en la causa que lleva el juez Sergio Torres.
Estefanía Cámera Da Boa Morte, periodista de FM Mundo Sur 106.5 y de Mundo Villa, estaba filmando la represión que días
estaba el 14 de diciembre filmando la represión que desató gendarmería contra manifestantes el 14 de diciembre, días antes de la batalla del Congreso. Fue detenida en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao mientras grababa la represión de los uniformados y puesta a disposición de la justicia junto a otras 40 personas, en una serie de causas que cayeron en manos del juez Bonadío. Ahora el magistrado confirmó su procesamiento “intimidación pública y resistencia a la autoridad”.
La periodista explica: “No hay nada para que nos culpen, me agarraron por estar filmando, me empujó un gendarme hombre y tres mujeres gendarmes me agarraron del cuello. Tengo la filmación y la dejé ante la justicia como evidencia”. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exigió el desprocesamiento de la periodista y repudió la situación a través de un comunicado en el que se plantea que durante 2017 «al menos 37 compañeros/as fotógrafos, cronistas, movileros y redactores fueron heridos con balas de goma, mientras que 13 trabajadores de prensa resultaron detenidos arbitrariamente».
Por otro lado, se difundieron las conversaciones de WhatsApp que tuvo el agente Dante Barisone, integrante del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) de la Policía Federal, con su compañero de patrulla Alejandro Irarzábal y sus abogados, que prueban claramente que mintió en su declaración inicial ante el juez Torres, que investiga la responsabilidad de los uniformados en la represión contra el joven cartonero Alejandro Rosado, que fue pasado por encima con la moto policial y tuvo que ser internado.
Barisone le escribió a Irarzábal al día siguiente de la represión que «mantengamos silencio por algunas semanas» y luego, tras la primera declaración ante el requerimiento judicial, también le contó que no había sido él el que manejaba la moto en cuestión. En el medio se sumaron diversas operaciones de entorpecimiento y desviación de la investigación por parte de la misma Policía Federal.
Finalmente Irarzábal se decidió a contar la verdad de los hechos ante el juez Torres: «Sentí que Barisone direccionó la moto hacia un costado y subió el cordón. Como consecuencia de ello, como el vehículo perdió el equilibrio, me trastabillé y caí de pie. Barisone también terminó cayendo al piso con la moto completa. Siempre pensé que había pasado por encima de la vereda, pero cuando miré hacia el vehículo vi que debajo de la moto que conducía Barisone había una persona acostada sobre el piso, a quien mi conductor había pasado por encima con la moto».
Incluso reconoció que Barisone le pidió que «niegue haber visto cualquier situación», línea de acción que fue confirmada por lo menos por dos representantes de la división Asuntos Jurídicos de la PFA que le recomendaron que «brinde una explicación de los hechos similar a la que había efectuado Barisone, es decir, que negara los hechos y no identifique a nadie».
Torres ordenó la nueva detención de Barisone por considerarlo autor del delito de lesiones graves agravadas por abuso de su función como miembro integrante de las fuerzas de seguridad. También fue procesado el oficial Alfredo Luna, registrado en video tirándole gas pimienta y golpeando a un jubilado en la puerta de su casa. Los militantes del Partido Obrero que habían sido detenidos, César Arakaki y Dimas Ponce, fueron liberados hace unos días aunque continúan procesados por lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas.
