El exvicepresidente Amado Boudou presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su condena en el caso Ciccone. Considera que el proceso que derivó en su condena fue “amañado y arbitrario” y sostuvo que “no habido garantía convencional que no se haya violado”.
La denuncia presentada, de 22 carillas, sostiene que la primera garantía que se violó fue la de la “legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”. Luego remarca que también la ex presidenta de la Nación, y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, así como buena parte de su Gabinete de ministros, fueron “objeto de una campaña de persecución judicial” por parte del gobierno de Mauricio Macri.
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La presentación ante la CIDH, patrocinada por el abogado Alejandro Rúa, se realizó al agotarse las vías para un reclamo judicial en el país tras la confirmación de condena por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado mes de diciembre.
La denuncia de Boudou recorre los distintos momentos de la causa, afirmando que se inició “con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina”, para luego desplegar una serie de “maniobras” que las autoridades del Gobierno de Cambiemos “implementaron desde su asunción”, configurando una “política ilegal de persecución”. En este sentido, el texto ratifica lo denunciado reiteradamente por Cristina en relación con el “’lawfare’ o guerra jurídica”.
Luego detalla: “Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, con el objetivo de instalar “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”. Al respecto, también recuerda que su detención televisada, en noviembre de 2017, tuvo “el evidente objetivo de humillarlo públicamente”.
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También se cuestiona la mediatización del caso y el rol de Alejandro Vandenbroele, que a pocos días de su detención ingresó al programa de protección de imputados arrepentidos en forma irregular, ya que esto se admite sólo durante la etapa de instrucción del juicio.
Boudou remarca que “ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos” y denuncia que toda esta serie de irregularidades fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia “mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional”. Y concluye: “Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
