En el marco de la causa Lava Jato, la justicia brasileña condenó a 40 años de prisión al financista Leonardo Meirelles por integrar una asociación ilícita para la evasión y el lavado de dinero. Meirelles, por cuyas manos pasaron muchos de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht, en su momento fue también acusado de girar fondos a favor del ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.
El juez federal Luiz Antonio Brunat consideró probado que Meirelles encabezó una institución financiera sin autorización, creando empresas “de papel” para mover fondos ilícitos entre Brasil, Hong Kong y distintos paraísos fiscales. Según el juez, Meirelles actuó bajo las órdenes de Alberto Youssef, acusado de ser el cambista del Lava Jato, “desde 2012 y hasta marzo de 2014”, junto con su hermano Leandro y otros siete acusados.
Más allá de la condena a 40 años, la pena se redujo a cuatro bajo régimen abierto por el acuerdo que firmó con el Ministerio Público Federal (MPF) brasileño en tanto “delator premiado”, aportando sus conocimientos del caso para la investigación del Lava Jato.
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Luego de acogerse al sistema de delación premiada, en 2017 el operador financiero presentó comprobantes de unos cuatro mil giros bancarios. Entre ellos figuraban datos por transferencias por un total de 850 mil dólares que habrían tenido como destino cuentas pertenecientes a Gustavo Arribas en Suiza. El entonces titular de la AFI desmintió esa afirmación, reconociendo sólo la transferencia de 70 mil dólares, presuntamente el resultado de la venta de un departamento, cuyo comprador no identificó.
Las especulaciones apuntaban a que parte de ese dinero podía explicarse por las operaciones de Odebrecht con la empresa argentina IECSA (entonces en manos del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra) en el marco de las cuestionadas operaciones para el soterramiento del tren Sarmiento.
La justicia federal de Lomas de Zamora definirá en los próximos días la situación judicial de Arribas y de su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, en la causa que investiga numerosos casos de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Esta semana los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tienen previsto entregar su dictamen sobre las declaraciones de ambos para que el juez Juan Pablo Auge defina la situación procesal de los ex titulares de la AFI y del ex director de Contrainteligencia Martín Coste.
