El proyecto oficial que modifica jubilaciones del poder judicial generó el contundente rechazo de los camaristas federales de todo el país y de los jueces de la Cámara Nacional del trabajo, que firmaron un comunicado estableciendo que la iniciativa es inconstitucional.
En primer lugar, los camaristas federales aclararon que son «conscientes de la grave situación económica de la Argentina» pero destacaron su «profunda preocupación» por el proyecto. «No hemos sido convocados ni escuchados con antelación, cuestión que lejos de entorpecer las reformas que fueren necesarias, contribuiría a la construcción de ámbitos de consenso y a la búsqueda de soluciones eficaces», argumentaron.
Y consideraron que el proyecto del Gobierno no es la respuesta adecuada a la crisis del país. En pos de dicho objetivo, convocaron al diálogo y a la búsqueda de espacios comunes para hacer «propuestas que contribuyan a los cambios que resulten necesarios».
También sostuvieron que esperan tomar una «adecuada intervención, ya que en el marco de un estado democrático de derecho es a través de la participación de la mayor cantidad de involucrados la que garantiza soluciones justas y la vigencia de los valores de paz y solidaridad a los que aspiramos».
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En el mismo sentido se expresaron los jueces de la Cámara de Trabajo, quienes acusaron al Gobierno de llevara adelante un proyecto «inconsulto» y sin «un debate serio». En este marco, defendieron el actual régimen previsional para el poder judicial y descartaron que sea «de privilegio».
Asimismo, detallaron que su régimen jubilatorio se basa en «la solidaridad», porque no tiene tope de aportes con lo que cuatriplican los de los pasivos del régimen general, además de que a los jueces les está vedado hacer cualquier otra actividad.
