Finalmente el “hermano del alma” del presidente Mauricio Macri, el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, se quedó con una de las dos centrales termoeléctricas que decidió privatizar el Gobierno nacional, pese a las numerosas objeciones planteadas por una posible venta de las instalaciones a “precio vil”.
Central Puerto, la empresa de Caputo, ofertó 326,5 millones de dólares por la Central Térmica Brigadier López, ubicada en la provincia de Santa Fe. También había ofertado por la central Ensenada Barragán, pero su oferta finalmente fue considerada inadmisible.
La empresa tiene una participación del 11,4% en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), porcentaje que se eleva al 15% si se considera sólo la generación térmica. Si bien durante la gestión de Mauricio Macri siguió sumando proyectos a esta línea, también desembarcó recientemente en la generación eólica, adquiriendo siete parques que al momento están en ejecución.
Luego de una denuncia penal presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Fernanda Vallejos junto a otros integrantes de la bancada del FpV-PJ por la venta “a precio vil de las centrales” (con un supuesto perjuicio de 400 millones de dólares), la Justicia Federal imputó a Macri y a los ex titulares de la cartera energética Juan José Aranguren y Javier Iguacel. La causa se encuentra en manos del juez Daniel Rafecas y, según trascendió, el fiscal Gerardo Pollicita ya habría solicitado medidas de prueba para poner la causa en trámite.
También son indagados el presidente de Ieasa (ex Enarsa) Mario Dell Aqua, el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa Alberto Raúl Brusco, el gerente de control de proyectos de Ieasa Adolfo Marcelo Piccinini, el ex presidente de Enarsa Hugo Balboa y el empresario Ángelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, empresa que en su momento formaba parte del Grupo Macri y que fue recientemente vendida al empresario Marcelo Mindlin.
La denuncia detalla que la construcción de las centrales insumió cerca de 1000 millones de dólares pero que su precio de venta se fijó en casi la mitad de ese valor. El contrato las empresas encargadas de las obras -Iecsa e Isolux- fue rescindido a fines de 2016, por lo que el Gobierno nacional decidió indemnizar a la ex empresa del Grupo Macri con 1.600 millones de pesos (entonces equivalentes a 100 millones de dólares). También se planteó como severa irregularidad que dos gerentes de Iecsa durante la construcción luego pasaron a integrar el Comité directivo de Enarsa.
