Este jueves la Coalición Cívica (CC) denunció al Gobierno nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máximo organismo internacional contra el lavado de dinero, por un presunto plan de “desmantelamiento” de los organismos de control y de “debilitamiento de las instituciones” con el objetivo de “consagrar la impunidad” de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner.
El centro de la denuncia apunta al desempeño de la Unidad de Información Financiera (UIF) y a las propuestas de reformas de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal sobre las que estaría trabajando la comisión de especialistas jurídicos creada por el presidente Alberto Fernández. El GAFI evaluará a nuestro país este año y la denuncia de la CC será considerada como un elemento más. El documento está firmado por Elisa Carrió, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez Villada, Rubén Manzi, Alicia Terrada, Javier Campos y Laura Carolina Castets.
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“Denunciamos que el actual gobierno argentino se encuentra embarcado en acciones coordinadas que apuntan al desmantelamiento de los organismos de control previstos en la normativa argentina, al debilitamiento de las instituciones que han sido creadas y diseñadas legislativamente, conforme estándares internacionales”, plantea la denuncia dirigida al presidente del organismo internacional Marcus Pleyer.
Desde la CC cuestionaron la designación de los abogados Carlos Cruz y Mariana Quevedo como titulares de la UIF por los eventuales conflictos de intereses derivados de la relación entre Cruz y el sindicalista y presidente del Partido Justicialista porteño Víctor Santa María. “Entendemos que la actual Unidad de Información Financiera en Argentina está siendo jaqueada en su pleno funcionamiento e independencia operativa y que, al mismo tiempo, la reforma judicial propuesta -de concretarse- terminará asestándole un golpe final”, denunciaron.
La presentación de la CC también cuestiona las decisiones oficiales en torno a la cuestión judicial, especialmente la creación del Consejo Consultivo creado por el Presidente para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal, impugnando la participación en el organismo de los abogados Carlos Beraldi y León Arslanian. “Los nombrados son actuales letrados defensores de la Dra. Kirchner y (Ricardo) Echegaray, con recursos extraordinarios interpuestos por ante la Corte Suprema de Justicia, uno de los órganos apuntados para ser reformados”, detallaron.
En el mismo sentido, el texto de la CC añade: “Por vía de la eventual reforma del máximo tribunal, podrían estos alcanzar beneficios procesales para sus representados que, de otro modo, no podrían asegurarse. La reforma que proponen, les da certezas en las causas judiciales en las que actúan profesionalmente como letrados”.
