En el marco de la causa que investiga operaciones de espionaje ilegal y extorsiones a empresarios, por la que ya está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio, el juez federal de los tribunales de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a prestar declaración indagatoria a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Arribas fue citado para el próximo 11 de octubre y Majdalani para el día siguiente. El magistrado además les impuso una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en tres días y ordenó que entreguen sus pasaportes. Hace algunos días Arribas estaba reclamando permiso para salir del país, argumentando la necesidad de concretar operaciones en el extranjero como representante de jugadores de fútbol, pedido que le fue negado por la Justicia en el marco de otras causas por los que se lo investiga como responsable de operaciones irregulares en la AFI.
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El magistrado también convocó a otros imputados, amplió el procesamiento al excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por considerar que realizó “acciones de inteligencia prohibidas” y procesó sin prisión preventiva al ex agente de la AFI Pablo Pinamonti, como jefe del intento de la AFI de construir bases territoriales en la provincia de Buenos Aires con la Dirección de Reunión de Información Interior de provincia de Buenos Aires (conocida como “Proyecto AMBA”), una iniciativa que generó numerosos conflictos con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien cuestionó ante el ex presidente Mauricio Macri una serie de operaciones de seguimiento sobre su personal.
En el marco de ese proyecto, Pinamonti dirigía a unos 70 agentes (más de la mitad de los cuales era mano de obra desocupada de la Policía Bonaerense), incluyendo a D´Alessio, a quien le prometía un ingreso formal a las filas de la AFI. Ramos Padilla lo indagó el 3 de julio pasado por considerar que integraba una asociación ilícita para operaciones de espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales.
Ahora el magistrado procesó a Pinamonti, acusándolo de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”. La acusación incluye el hecho de “haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.
