El Ministerio de Seguridad encabezado por Sabina Frederic presentó una denuncia contra Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de la anterior titular de la cartera Patricia Bullrich, por sus responsabilidades en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo permaneció 78 días desaparecido.
Según la cartera de Frederic, Noceti fue quien dio las órdenes para que cuatro escuadrones de Gendarmería ingresaran a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde la comunidad mapuche realizaba un corte de la ruta 40 para exigir la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. Además de Noceti, fueron denunciados el ex Director de Gendarmería Gerardo Otero y su segundo Ernesto Oscar Robino por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia, basada en una investigación iniciada en enero de este año, el accionar de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad posteriores a la acción represiva constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad” destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades del operativo en la Ruta 40. “El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional”, añadieron desde la cartera de Seguridad.
Para el Ministerio, “la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada”. Basándose en investigaciones de la nueva dirección de Gendarmería nacional, a cargo de Andrés Severino, se señala que “atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante Otero”.
En cuanto a la responsabilidad de Nocetti, se detalla que “estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”. En las órdenes de Nocetti de perseguir a los manifestantes aún logrado el despeje de la ruta “se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. El informe concluye que en ese contexto se aplicó “un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016”.
Más allá de que gracias a que las anteriores conducciones de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad “arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40” y lograron que la Justicia «libere de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo”, la nueva auditoría de la fuerza afirma que el operativo “no fue prudente ni razonable”, que no era urgente el desalojo del corte de ruta y que además de poner en riesgo a los manifestantes “se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza”, lo cual resulta más grave considerando que ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente capacitado para situaciones de protesta social.
