Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, fue imputada por la fiscal federal Paloma Ochoa por los delitos de violación de deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia por su rol en la causa que investiga las irregularidades en el Correo Argentino, propiedad del Grupo Macri. Se la responsabiliza por haber desligado al presidente Mauricio Macri de la investigación sobre su posible responsabilidad en el fallido intento de condonar una deuda millonaria de la empresa con el Estado.
La denuncia que derivó en la imputación fue presentada por diputados del Frente Renovador Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau en octubre, después de que unos meses atrás Alonso decidiera correr al presidente de las investigaciones en curso sosteniendo que no hubo faltas a la ley de Ética Pública en la decisión estatal de aceptar la oferta de condonación del 99% de la deuda de una empresa controlada por el Grupo Macri. La causa está en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Según los denunciantes, la resolución 2018-24 de la OA tenía la “evidente finalidad de desligar de responsabilidades” tanto al presidente Macri, como al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa.
En febrero de 2017, la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquín denunció que la aceptación de la propuesta del Correo Argentino implicaba un acuerdo “abusivo” que asumía “una condonación de la deuda” de más de 4 mil millones de pesos. En su momento, Boquín también advirtió que “habiendo relación de dependencia jerárquica entre el Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros, la existencia de conflicto de interés surge palmaria”.
En octubre de este año, el presidente Macri firmó un decreto por el que se autoexcluía de cualquier negociación vinculada con el Correo y dejaba en mano toda medida que hubiera que tomar al respecto en manos de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
