Después de un peritaje que estableció unánimemente que no hay “hipótesis delictiva” ni perjuicio para el Estado en la operación con el dólar futuro por la que está imputada la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos ex funcionarios de su gobierno, incluyendo al actual gobernador Axel Kicillof, el juez del Tribunal Oral 1 Adrián Grünberg decidió inhibirse y retirarse de la investigación.
El peritaje sostiene que “no existe hipótesis delictiva en la operatoria conocida como dólar futuro y no hubo perjuicio para el Estado”, Grünberg planteó que no debería llevarse adelante el juicio y que los imputados tendrían que se automáticamente sobreseídos. Pero el fiscal dela causa y los otros dos magistrados del Tribunal no coincidieron y la Cámara de Casación resolvió por sorteo que el lugar Grünberg será ocupado por la jueza María Gabriela López Iñiguez, quien completará el Tribunal integrado por Juan Michilini y Ricardo Basilico.
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Además de la actual vicepresidenta y del gobernador bonaerense, también están imputados en la causa el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y otros directivos de la entidad. La mayoría de los imputados se apoya en el peritaje realizado por los contadores del Centro de Asistencia Judicial Federl para exigir que el juicio no avance. Los peritos del organismo creado por la Corte Suprema en 2017 fueron Carlos Alberto Campodónico, Alejandro Del Acebo y la doctora Stella Maris Castagno, con Carlos Sgarbi, Alfredo O’Connell y Alicia Garófalo como peritos de parte.
Grünberg, con un escrito de 41 páginas, afirma que “se produjo una prueba novedosa que sin margen de duda echa por tierra la acusación e impone concluir en la inexistencia de delito”. Luego explica que, según el peritaje, las operaciones se realizaron en dos mercados institucionales, el Mercado Abierto Electrónico y el Mercado a Término de Rosario S.A. (Rofex), sin divergencias de precio significativas, y afirma que en ese marco “no había forma de beneficiar a determinado particular porque el sistema lo impide”. “Queda descartado que se hubiera procurado un lucro indebido para persona alguna”, remarca el juez.
Además, recuerda que el propio juez federal Claudio Bonadio permitió que se pagaran los contratos, dándole el “visto bueno” a la operación, por lo que se confirmaría que “no se administró de forma infiel el patrimonio del Banco Central”, como sostiene la acusación. Por último, establece que el objetivo de las operaciones con el dólar futuro no fue conseguir ganancias para algunos funcionarios sino apuntar a “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo”.
En base a estas consideraciones, el magistrado sostiene: “Entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate y habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito”.
