Después de que el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el macrismo, Alberto Abad, presentara su declaración indagatoria en el marco de la causa sobre el accionar de la entidad que encabezaba en relación con el caso Oil Combustibles, este miércoles los representantes del grupo Indalo pidieron su procesamiento por “gravísimos hechos de corrupción” a la jueza María Servini.
Según confirmó Ámbito Financiero, la querella del empresario Fabián De Sousa también reclamó que se lo indague nuevamente, para clarificar una serie de contradicciones y situaciones que quedaron fuera del interrogatorio principal. La solicitud de procesamiento y embargo no se limita a Abad sino que también alcanza al exjefe de jurídicos de la AFIP Eliseo Devoto, al de Recaudación Sebastián Palladino y a Marina Lammagrande. La causa es la misma por la que ya se libró el pedido de captura internacional para el ex integrante de la mesa judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
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“La actitud de Abad lejos está de ser la de un funcionario probo o de un ciudadano ilustre, como pretenden calificarlo algunos políticos extraviados. Lo que el ex administrador federal y sus cómplices hicieron fue, nada más ni nada menos, que perjudicar los intereses que les habían sido confiados, determinando que un contribuyente, de manera totalmente arbitraria, no pudiera pagar sus impuestos, generando así un perjuicio indebido para el erario público. Todo ello, bajo el propósito ruin de que Oil Combustibles S.A. y sus empresas asociadas entraran en un estado de cesación de pagos, para luego apoderarse de sus bienes y de sus negocios, los cuales debían terminar en manos de ´empresarios amigos´ o de quienes aceptaran ser cómplices de una campaña de persecución política que no registra antecedentes similares en tiempos democráticos”, plantea el escrito citado por el periodista Gabriel Morini.
Según los letrados de la querella, la AFIP de Abad no buscó cobrar la deuda de Oil Combustibles sino perseguir a la petrolera con una serie de denuncias destinadas a cortar el flujo financiero de la empresa, obligando a más incumplimientos tributarios y buscando la quiebra de la misma para el posterior remate de sus activos a “precio vil”.
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En el escrito presentado ante la magistrada de la causa, se afirma que Abad no actuó en solitario sino que se pueden encontrar “vasos comunicantes con otros actos ilícitos” en diversas áreas del Estado Nacional que buscaban desmembrar al grupo empresario Indalo, incluyendo las polémicas denuncias de la ex diputada Elisa Carrio.
