A casi un mes del inicio de las masivas movilizaciones chilenas contra el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó un acuerdo para convocar a un plebiscito que establecerá los mecanismos para reformar la Constitución del país trasandino.
Este jueves, en una extensa sesión parlamentaria que se extendió hasta la madrugada, los representantes de todos los partidos (excepto el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social) anunciaron un acuerdo político para reformar la Constitución que rige desde 1981, tras ser sancionada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El plebiscito, que se llevaría adelante en abril del año próximo, preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con modificar la Carta Magna y, en caso afirmativo, a través de qué mecanismos: una convención mixta constitucional, compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos para la ocasión, o una convención constitucional o asamblea constituyente, en la que todos los integrantes serán electos para este efecto. La elección de miembros comenzaría en octubre 2020, junto con las elecciones regionales. Una vez redactada la nueva Carta Magna deberá ser sometida a su ratificación en otro plebiscito.
La reforma constitucional era uno de los reclamos fundamentales de la movilización que comenzó por un reclamo contra el aumento en el precio de los subterráneos pero se fue transformando en un cuestionamiento global al régimen neoliberal que se aplica en Chile hace varias décadas, que ha generado una importante desigualdad social y un fuerte endeudamiento de los hogares chilenos.
Chile: Recrudecieron las protestas y el pedido de renuncia para Piñera
Jaime Quintana, presidente del Senado chileno, consideró que el acuerdo marca una “noche histórica para Chile”. Y añadió: “Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado”. El legislador destacó que este acuerdo constituye “una salida pacífica y democrática de la crisis” y aseguró que “es una victoria de toda la ciudadanía”.
Pero otro de los reclamos clave de los manifestantes es la renuncia de Piñera, a quien responsabilizan tanto de la aplicación del plan económico como de una violentísima represión durante los 28 días de movilizaciones que ha dejado ya más de 20 muertos y centenares de heridos graves, además de denuncias por numerosos desaparecidos, mujeres violadas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, todo un sector de la protesta social, que no reconoce una representación parlamentaria directa, considera insuficiente el anuncio sobre el acuerdo para la reforma constitucional y sostiene la exigencia de que se vaya Piñera.
