La Legislatura de la Ciudad, en su última sesión ordinaria, aprobó modificaciones al Código Procesal Penal, una iniciativa que rechazó toda la oposición, que solicitó que el proyecto regrese a comisión. Además acusó al oficialismo de no buscar los consensos necesarios para sancionar una ley sensible.
Daniel Presti, legislador de Vamos Juntos, habló sobre las fortalezas del proyecto, que contempla la agilización del proceso penal «mediante la concentración de actos procesales, oralidad y plazos» y el uso de medios digitales como video conferencias y notificación electrónica.
Un magistrado porteño tendrá la posibilidad de tener 48 horas de plazo para determinar la prisión preventiva o la libertad de un imputado; y determina que el detenido recuperará la libertad desde el Ministerio Público Fiscal y no desde la comisaría como hasta el momento.
Sobre la falta de acuerdo con los bloques opositores, el legislador señaló que «nosotros en las comisiones siempre hemos buscado el consenso pero a veces hay una pared que impide llegar al consenso o hay otros aspectos que desconozco».
«Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas», aseveró. Su compañero de bancada, Claudio Cingolani, indicó: «Este código es el fruto del trabajo y de la discusión en comisión donde han participado todos los actores y operadores del sistema judicial. Nunca una ley consensuada conforma a todos pero esta normativa es fruto de diálogos, acuerdos y consensos entre los diferentes bloques que integran esta legislatura».
Y continuó «hemos escuchado a las organizaciones sociales, que nos plantearon sus propuestas y llegamos a un despacho que vislumbra un código acusatorio moderno que contempla los delitos que han sido transferidos de la Nación a la Ciudad».
Para finalizar el Legislador expresó que «este nuevo código es la herramienta que la Ciudad necesita para afrontar más eficazmente la transferencia de delitos de competencia Nacional a la órbita local. Esta reforma es un avance de importancia respecto de las garantías de todos».
Desde Evolución, Halperín reclamó por la falta la reglamentación del juicio por jurados e hizo un equilibrado análisis de cosas positivas y negativas del proyecto para argumentar en favor de la vuelta a comisión con el propósito de continuar el estudio.
Arce y Muiños presentaron argumentos parecidos. «Más allá de la cantidad de reuniones que efectivamente se hicieron para analizar el proyecto no participó ningún académico, no hubo ninguna consulta a organizaciones sociales vinculadas con estos temas y todos los miembros del poder judicial tuvieron reparos», expresaron, además de hacer puntualizaciones de técnica jurídica.
