María Bielli, legisladora del Frente de Todos, expresó su punto de vista sobre el fallo del TSJ que convalida el certificado de pobreza para tener vacantes en los jardines de infantes públicos.
En diálogo con la prensa, respondiendo preguntas de Informe Político, la diputada declaró que la decisión judicial estuvo premeditada y obedece «a una clara direccionalidad política en este fallo de restricción de derechos».
-¿Por qué tomaron la decisión de emprender el juicio político contra cuatro de los cinco miembros del TSJ?
-El juicio político sería contra los cuatro jueces que acompañaron el fallo. Hay una jueza, Ruiz, que no acompañó. Como se dijo en la conferencia de prensa, el fallo restringe derecho y con fundamentos que comprometen a la Legislatura de la Ciudad: uno de los magistrados dijo que la Legislatura no le había otorgado al Ejecutivo el presupuesto necesario para llevar adelante las políticas educativas de ampliación de derechos y para que haya más oferta de vacantes en la Ciudad. Ahora todos sabemos que en este Parlamento el oficialismo tiene una mayoría automática y el Presupuesto lo manda el Ejecutivo, que así como vino se aprobó. Presupuesto que en términos de esfuerzos de la Ciudad, el más bajo en 13 años. Y tiene uno de los recortes más importantes en infraestructura escolar, que es uno de los problemas más graves. Porque si necesitamos más vacantes, necesitamos más escuelas. El recorte en infraestructura escolar es del 68% en términos reales. Y la Justicia habla por Soledad Acuña, porque esos argumentos que da el TSJ son los mismos de la ministra cada vez que responde de manera restrictiva, cuando se le pide que cumpla con la Constitución en su artículo 24.
-¿Cómo sería la presentación del juicio político?
-Es un proyecto que se presenta en la Legislatura, entra en la Comisión de Asuntos Constitucionales en marzo. Y toma su curso de la comisión al recinto, luego se conforma la cámara acusadora. Pero lo cierto es que necesitamos los dos tercios de los votos de la Legislatura y creemos que no va a tener curso porque el oficialismo no va a querer tratarlo. De todas maneras nos parece importante realizar esta presentación porque es dejar en claro que no vamos a dejar que esto pase desapercibido. Los legisladores, gremios y la comunidad educativa entienden esto como un antes y un después respecto del accionar judicial en materia educativa.
-¿Crees que el fallo estuvo premeditado al darse justamente en esta época del año?
-Seguramente, no solo por la época del año, ya que en diciembre el oficialismo nos tiene acostumbrados a sorprendernos con iniciativas que creen que van a pasar desapercibidas, sino también por el momento económico que atravesamos en la Ciudad. La ciudadanía sabe que cuando no tiene una vacante, cuando queda en lista de espera en la oferta publica, puede acceder a un abogado para poder tener una vacante mediante el proceso judicial. Esto es cada vez más masivo, cada vez más familias piden esto. Hemos visto la situación económica, producto de la pandemia y los últimos 4 años de gestión de Macri, y cada vez más familias que antes preferían la educación privada y ahora se van a volcar al colegio público. Entonces, sin dudas tiene que ver con esto. El pedido de vacantes en la Ciudad el año que viene será récord, se estiman que faltan 24 mil vacantes, y con este fallo se les dice a las familias que no accedan a la medida judicial.
-¿Qué posibilidades hay de que el TSJ de marcha atrás?
-Lo que creo es que para eso falta que muchos medios difundan esto, que sepan que esto no puede pasar desapercibido. El abogado de la causa va a apelar y acudir a la Corte. Esperamos que con sensatez reviertan la situación, lo dudo, porque hay una clara direccionalidad política en este fallo de restricción de derechos.
