En la sesión de este jueves de la Legislatura porteña, el oficialismo no pudo debatir el polémico proyecto que valida un convenio entre la Ciudad e IRSA para la construcción de torres de lujo en la Costanera sur.
Distintas versiones indicaron que hubo discrepancias en el propio seno del oficialismo si convenía discutir en el recinto, o no, el expediente que se encuentra judicializado por el magistrado Guillermo Martín Scheibler, quien aceptó el amparo impulsado por la asociación civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad y resolvió que se deberá realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública.
En este marco, Diego García Vilas, presidente del bloque oficialista, pidió una cuestión de privilegio para tratar este tema, una acción que no tuvo éxito: con 35 votos afirmativos y 19 en contra, no consiguió los dos tercios requeridos para sumar el tema a la sesión ordinaria de este jueves.
“Puedo entender que algún diputado piense que el proyecto no es conveniente, pero no puede ningún juez establecer qué podemos someter a discusión o no. Está en juego la república. Está estableciendo una intromisión del Poder Judicial sobre el Legislativo. No lo podemos permitir. Estamos obligados como cuerpo a dar pelea por la independencia de este Poder Legislativo”, dijo el legislador del partido de Ocaña.
Además, criticó a la oposición y reiteró sus cuestionamientos hacia la decisión judicial. Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, uno de los organismos que motorizó la demanda, sostuvo que “los bloques oficialistas plantearon una cuestión de privilegio y se victimizan porque la Justicia impidió tratar el proyecto de ley. Esta victimización lo que soslaya es que la propia Legislatura está violando la Constitución. Estos legisladores consideran que la Legislatura está por sobre la Constitución, como si fuese una convención constituyente sin límites. Al contrario. La Constitución establece las instancias de participación ciudadana obligatoria y estos derechos están siendo violados por la Legislatura”.
Vale destacar que el convenio entre el GCBA y el Grupo IRSA establece la construcción de edificios de lujo en la ex Ciudad Deportiva de Boca. El emprendimiento ya tiene nombre: se denominará Costa Urbana y contempla el armado de torres, centros comerciales, hoteles, oficinas y diversos canales de agua en un predio lindero a la avenida Costanera Sur. A su vez, incluirá una laguna interna.
https://informepolitico.com.ar/por-unanimidad-se-aprobo-el-proyecto-para-que-san-lorenzo-vuelva-a-construir-su-estadio-en-boedo/
La legisladora Amanda Martín (FIT), ante Informe Político, recalca que se pretende «crear un Puerto Madero 2» y al igual que el Frente de Todos se van a oponer «porque se trata de un negociado gigantesco en favor de la constructora cuando las necesidades habitacionales de la población son inmensas. IRSA se hizo de los terrenos a un precio regalado y la rezonificación significará una revaluación de esos terrenos. No hay ningún estudio de impacto ambiental y perjudicará a los vecinos de las zonas aledañas. En contraposición, nosotros presentamos un proyecto para que se expropien esos terrenos y que allí se construyan viviendas, centros culturales y deportivos, espacios verdes, en función de las consideraciones que puedan hacer investigadores, técnicos y especialistas».
