En el primer informe de gestión del año sobre los avances del Plan General de gobierno en la Legislatura Porteña, —y su 13° exposición hasta la fecha—, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, repasó cada uno de los ejes de trabajo que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la Ciudad, encabezado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En su presentación, Miguel reafirmó el reclamo ante la Corte Suprema por la quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional de los fondos de la coparticipación por parte del Gobierno Nacional en medio de la pandemia por el coronavirus, y cuestionó: “¿Alguien acá tiene claro en dónde están los $160 mil millones que el Gobierno Nacional ya le sacó a la Ciudad para la seguridad de las millones de personas que viven, trabajan o visitan la Ciudad?”.
Además, preguntó: “¿Mejoró la seguridad en el Conurbano, a donde habían dicho que iban a destinar esos fondos? ¿Están combatiendo el narcotráfico en Santa Fe, Salta y Misiones, a donde después dijeron que iban a mandar esos fondos?”.
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Asimismo, volvió a pedirle al Gobierno Nacional que actúe frente a la sobrepoblación de las alcaidías: “Por convenio, el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación de trasladar a los detenidos en las comisarías de la Ciudad. Pero en medio de la pandemia, el Gobierno Nacional decidió disminuir esos traslados. Estamos hablando de homicidas, de violadores, de ladrones peligrosos, que deberían estar en la cárcel, porque muchos de ellos están incluso condenados por la Justicia”.
Y puntualizó: “Los números son contundentes. Desde el 20 de marzo de 2020, cuando el Servicio Penitenciario Federal comenzó con esta desidia, hasta hoy, pasamos de tener 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías”.
En esa línea, continuó: “Esto no sólo atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los detenidos, sino que fragiliza los controles policiales. No hay más tiempo para la improvisación. Producto de esta desidia tenemos 1.500 policías cuidando presos y no en la calle combatiendo el delito”. Además, afirmó: “La única respuesta que recibimos del Gobierno Nacional fue que dejemos de detener a los delincuentes. Aunque insistan en querer liberarlos, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos”.
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Sobre la quita de coparticipación y otros ataques del Gobierno Nacional, sostuvo: “Me resulta incomprensible que en esta casa no haya unanimidad cuando el Gobierno Nacional le quita a la Ciudad los recursos necesarios para el mantenimiento de su seguridad; cuando aumentan a dedo la valuación fiscal de los inmuebles de la Ciudad; cuando deciden no recibir más a nuestros detenidos en las cárceles; o cuando nos criminalizaron por abrir las escuelas”.
En ese sentido, afirmó que “defender a una jurisdicción de los ataques del poder central es defender el federalismo”, e indicó: “Porque hoy la jurisdicción afectada es la Ciudad, pero mañana puede ser cualquier otra provincia. Y nosotros vamos a ser los primeros en ponernos firmes para defenderla”.
Luego de la exposición, legisladores oficialistas y opositores realizaron preguntas y consideraciones. En ese marco, Juan Manuel Valdés, legislador FDT, cuestionó a Miguel acerca de el manejo de datos personales, y la elevada inversión en pauta. “En este primer trimestre, el Gobierno porteño gastó $8.366.660 por día en la cuenta «Publicidad y Propaganda». Eso representa $1080 por habitante. Para tomar de referencia, la Provincia de Buenos Aires destina $156 por persona y el Gobierno Nacional, $205. La Ciudad supera a todas las jurisdicciones del país en este gasto que no tiene ningún tipo de regulación ni control público. Es de no creer que el dinero que se invierte en pauta sea 129% mayor a lo que se invirtió en «Infraestructura Escolar”, apuntó.
