La decisión del Gobierno porteño de entregar una cierta cantidad de dosis de vacunas contra el Coronavirus a obras sociales y empresas de medicina prepaga generó denuncias y múltiples cuestionamientos por parte de la oposición.
Una de las denuncias, a la que accedió Informe Político, la presentó Carlos Elías, referente de la Agrupación Celeste de SUTECBA, a raíz de la versión que indica que tanto Amadeo Genta, secretario general del mencionado sindicato, y su hijo Emiliano, quien aspira a sucederlo, se habrían vacunado de manera irregular en el Sanatorio Dr. Julio Méndez, dependiente de OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).
En la presentación, Elías afirma que existe responsabilidad del Ministerio de Salud porteño, ya que OBSBA debe ser controlada según la ley por la cartera sanitaria y no se tomaron cartas en el asunto, por ende se cometió el supuesto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Incluso el fiscal Carlos Stornelli requirió este miércoles que se investigue la denuncia contra Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresa de medicina prepagas para uso exclusivo de sus afiliados.
Otra de las acusaciones fue realizada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien señala a las autoridades del GCBA por la «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados».
A su vez, este martes el abogado Yamil Castro Bianchi se presentó en la Justicia para pedir explicaciones al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos», según la denuncia presentada por el letrado.
La oposición cuestionó a la gestión de Vamos Juntos por este hecho. «Larreta benefició a las privadas con la entrega de vacunas Sputnik V. Quienes tienen prepaga tienen privilegio para acceder», consideró la legisladora del Frente de Todos Lorena Pokoik. Mientras que su compañera de bloque Lucia Campora denunció que una de las postas de vacunación es, en verdad, «uno de los locales de la UCR».
No es muy difícil de entender
Un ejemplo concreto: Todavía no vacunaron a la totalidad de lxs trabajadorxs de la salud de CABA, pero las prepagas pueden vacunar a sus afiliados
Entregarle las vacunas al mercado «es una cuestión de equidad sanitaria», dijo hoy @FernanQuirosBA 👀 pic.twitter.com/OlG6DvVjBg
— Lorena Pokoik (@lpokoik) February 24, 2021
Desde el FIT también se hicieron eco de lo sucedido y Myriam Bergman y Alejandrina Barry realizaron un pedido de informes para saber qué sucede con las vacunas: «El escándalo de privilegios que estalló en el ámbito de la Nación ahora tiene sus repercusiones en la Ciudad, donde parece haberse privatizado el sistema de vacunación. ¿Quién controla su aplicación? ¿Y Amadeo Genta y su hijo, dirigentes del Sutecba?», se preguntó Bregman.
Ante estas acusaciones, fuentes del Gobierno de la Ciudad defienden la marcha del plan y aclaran que solo «se firmaron convenios con siete obras sociales y entidades de la seguridad social que colaboran con la vacunación de sus afiliados. Los convenios firmados tienen lineamientos específicos en cuanto a la responsabilidad sobre las vacunas, su conservación, traslado y posterior aplicación, comprometiéndose a cumplir con las etapas de vacunación estipuladas por el Gobierno nacional».
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Y agregan que «cada privado debe entregar una lista de sus afiliados en grupo de riesgo (por ejemplo, en esta instancia, mayores de 80) y recibe una cantidad proporcional a lo que llega a la Ciudad en función de esa cantidad de personas. La diferencia es que las personas no se anotan en la web de la Ciudad, sino en su prepaga». Además, manifestaron que se abrirán sumarios si se echan a perder vacunas y que, si se aplican dosis por fuera de las prioridades, «tendrá consecuencias legales».
