Ante las denuncias de metrodelegados, y varias medidas de fuerza, el Gobierno de la Ciudad decidió encarar un plan para quitar el asbesto de las formaciones del subte B contaminadas. Se calcula que el proceso llevará varios meses, hasta retirar la sustancia cuestionada.
Los trabajos comenzaron en los talleres ferroviarios de Rancagua, barrio de Chacarita, con decenas de operarios vestidos con un mameluco blanco, descartable y con capucha que se coloca sobre otro mameluco, una máscara vidriada con válvula de exhalación para facilitar la respiración y filtros a ambos lados del mentón.
El asbesto o amianto está compuesto por miles de fibras que pueden separarse con facilidad, hasta llegar a fibrillas de tamaño microscópico cuya aspiración causa enfermedades que afectan la pleura, como el mesotieloma, que es un cáncer, o la asbestosis. Por este motivo su manipulación es altamente peligrosa y requiere de medidas de seguridad extremas para evitar la contaminación propia y del ambiente.
Por estas razones, la empresa Borg, contratada por Metrovías, montó en el taller Rancagua un túnel de vacío de más de 60 metros de largo para desamiantar las formaciones. A esta estructura rígida, forrada con polietileno de 200 micrones, se le conectan dos grandes depresores que producen 5 pascales de presión negativa para mantener las partículas en el interior del túnel, que luego son filtradas y enviadas como aire limpio al exterior.
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Luego, todo es medido, bajo autorización, y meticulosamente controlado. Cuando llegan a una cantidad de residuos que les justifica el traslado, los desechos son llevados para su disposición final en los rellenos autorizados por Nación. “En este momento, el único habilitado es en San Lorenzo, provincia de Santa Fe”, detallaron los especialistas.
En todo el proceso de desamiantado, el personal contratado por Borg, que trabaja con mamelucos descartables tipo Tyvek que, de acuerdo a las especificaciones, retiene el 99% de bacterias, 98% de las partículas del medio ambiente y 97% de las partículas de asbesto. Y unas máscaras panorámicas full face de seguridad que filtran partículas de hasta tres micrones. Guantes y botas. Todo un equipamiento de seguridad que contrasta con el que utilizaban los empleados del taller de Metrovías hasta que optaron por hacer retención de tareas y no tocar más las piezas contaminadas.
Paralelamente a esta operación que realiza la administración porteña, avanza en la Justicia española una demanda realizada por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) en el Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid. Concretamente, el gobierno de Larreta pide que se declaren nulos los contratos de comercialización de equipos realizado en 2011 por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por casi US$20 millones. Además se solicita una indemnización por 15 millones de euros por daños y perjuicios.
