Si hay un sector castigado por la motosierra de Javier Milei en materia laboral es el empleo público, con ajustes que son mensuales y cada vez tienen mayor impacto. Según cifras oficiales, solo en mayo de 2025 se perdieron 4.800 empleos asalariados formales y se liquidaron 27 puestos en los últimos doce meses. El plan de Javier Milei y Federico Sturzenegger es exitoso.
Los números están reflejados en un documento del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del IIEP-UBA y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En este marco, en mayo el sector público empleaba a 3,4 millones de trabajadores asalariados formales, cifra que se ubicó 0,8% por debajo del nivel de mayo de 2024 y 1,8% menos que en noviembre de 2023. Esto equivale a una reducción de 27 mil y 63 mil puestos, respectivamente.
La motosierra fue pareja, con una tendencia de recorte que se acentuó hasta llegar a los 4800 empleos en mayo. Mientras que la contracara es el sector privado formal: tuvo unos 6.000 trabajadores nuevos en mayo, mientras que el empleo registrado en casas particulares se redujo en 1.000 posiciones.
Por lo cual, el balance global del empleo asalariado formal total arrojó una variación casi nula (+200 puestos), aunque con una marcada recomposición interna entre sectores. Las remuneraciones acompañaron la caída drástica en la era Milei: según el Índice de Salarios del Indec, el salario real promedio de los trabajadores asalariados formales del sector público registró una caída de 0,3% en junio de 2025 respecto del mes anterior.
En tanto, el poder de compra de estos salarios se ubicó 14,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que refleja un ajuste mucho más marcado que el observado en el sector privado. En este último caso, si bien los sueldos también perdieron capacidad de compra desde la crisis de fines de 2023, mostraron una recuperación parcial en 2024 y cierta estabilidad en la primera mitad de 2025.
“Entre noviembre de 2023 y enero de 2024 los salarios públicos habían sufrido una contracción de 18,2%, y que las leves mejoras posteriores no alcanzaron a revertir ese derrumbe», sostiene el informe.
Vale destacar que una gran parte de los despidos se produjo al no renovar los contratos de empleados que trabajaban bajo modalidades temporales o de servicio, como la Ley Marco (Ley 25.164) y los acuerdos de servicio. La disolución de organismos públicos como la ex AFIP o el INADI colaboraron para engrosar cifras.
«Ya echamos casi 50.000 empleados públicos, y cada vez que se cae un contrato, en la mayoría de los casos no se renueva”, dijo Milei sobre el proceso de recorte oficial que, con el trabajo de Federico Sturzenegger, piensa seguir acentuando.
Los últimos decretos, como el 462/2025 para modificar estructuras de organismos centralizados como el INTA, apuntan a seguir podando la plata de estatales. Pero la Justicia ya colocó frenos y dispuso suspensiones de las medidas que serán apeladas por el oficialismo.
Para ATE, el gremio de estatales que mayor resistencia plantea frente a los ajustes, la política oficial ya encontró límites.
