La Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y que marcó una división en el oficialismo sobre este tema.
Uno de los legisladores de Vamos Juntos que votó en contra fue Guillermo González Heredia, quien se preguntó: «¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo», sostuvo.
De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, «se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección». En cambio, las niñas menores de 13 años «podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado».
En este marco, Claudio Romero, otro de los referentes del bloque, pidió hoy “perdón” a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires por la sanción de la normativa y sostuvo que “la sociedad y la historia han demostrado las consecuencias de tratar de imponer la ideología única o totalitaria. No se puede tener doble discurso en este sentido: la diversidad se dice y se ejerce”. “Tampoco fue consultada la ciudadanía y pareciera que lo importante es que exista la menor participación posible de los interesados y de quienes piensan diferentes”, acotó.
Por esa y otras razones consideró que la aprobación del proyecto “puede ser legal, pero no es legítima”, y agregó que para colmo “es una asunto de carácter federal que se debatió extensamente en 2018. Es NACIONAL, no se explica ni tiene lógica que lo tratemos aquí”.
Lucía Romano (VJ), por su parte, mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE «no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada».
Y, respecto a las adolescentes de entre 13 y 16 años, Romano mencionó que el Código Civil de la Nación, reformado en 2015, «reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo».
Victoria Roldán Méndez, integrante también del espacio oficial, realizó un encendido discurso a favor del ILE. Ante la consulta de Informe Político, comentó: “Estoy muy contenta por la adhesión que aprobamos hoy porque busca que se garantice un derecho que rige desde 1921 y aporta claridad a los profesionales de la salud. En la Ciudad la ILE se cumple en los centros de salud y hospitales públicos, y se respeta la autonomía de las personas gestantes, a quienes además se les brinda atención interdisciplinaria y toda la información sobre la práctica”.
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En tanto Evolución UCR, a través de la presidente de la comisión de Salud, Patricia Vischi, indicó que el proyecto de ley tuvo el apoyo «transversal de todas las fuerzas políticas» y que la decisión fue tomada «en articulación con la sociedad civil».
El Frente de Todos también acompañó la iniciativa: “Es causa de derechos humanos, salud pública y justicia social. La ILE es legal en Argentina desde 1921 y la Ciudad de Buenos Aires es pionera en el acceso a la salud pública para las personas gestantes. Sin embargo, necesitamos garantizarles, al igual que a los profesionales de la salud, la solidez de la Ley que los acompañe con esta adhesión al Protocolo Nacional”, sostuvo la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, durante su intervención.
Cabe destacar que el protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.
