Tras la denuncia presentada por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, el exsecretario general de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, comenzó a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante sus cuatro años en el cargo.
La acusación es que De Andreis pasó de tener en 2015, cuando ingreso a la Casa Rosada, un patrimonio declarado de 2.258.147 pesos y se retiró en 2019 con 13.149.190 de pesos, lo que para el denunciante no tiene justificación. Junto con ex secretario de la Presidencia también fueron imputados su esposa, María Sol Ascanope, la ex Subsecretaria de Comunicación Presidencial Fátima Micheo, su esposo Andrés Grippo, dos empresas y una inmobiliaria.
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La causa fue iniciada por el fiscal federal Jorge Di Lello, quiemn dispuso compulsar el sistema de registro de datos Nosis de manera previa a evaluar solicitar otras medidas.
El fiscal mencionó que, en base a los hechos relatados por el denunciante, «las personas involucradas en esta investigación» resultan ser De Andreis; su esposa María Sol Ascanope; la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial Fátima Micheo; su esposo, Andrés Grippo; y las empresas Charles Francis Cartier, BOIZO INVESTMENT S.A e inmobiliaria Darwin S.A, según el escrito al que tuvo acceso Télam.
La fiscalía determinó que, «a los fines de delimitar temporalmente el objeto procesal denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a esos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos Nosis».
Esto se dispuso «respecto de cada una de las personas y empresas descriptas» en la denuncia.
La denuncia se basó en un análisis de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por De Andreis.
Tailhade sostuvo que los denunciados se habrían «enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, mientras ejercieran tareas como funcionarios nacionales en el periodo presidencial del 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019».
