Un fallo judicial en el marco de una causa que lleva más de una década, lo tiene al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez no solo intimado sino multado, con el pago de 10 mil pesos diarios por cada jornada que pasa sin cumplir lo que ha resuelto la Justicia.
La causa busca resolver el riesgo eléctrico en la villa 21-24 de Barracas, la más grande de la Ciudad de Buenos Aires. La necesidad de un tendido eléctrico nuevo es urgente, era «para ayer», porque mientras tanto la gente queda electrocutada y muere. Pero la Justicia y sus resoluciones, en este caso, parecieran no tener relevancia para un dirigente que sí acata los fallos cuando le convienen.
Es que en la causa mencionada, y con todos los plazos legales vencidos, el gobierno porteño continúa sin presentar un «proyecto eléctrico adecuado para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad del barrio», según el fallo del juez Roberto Gallardo a cargo del Juzgado de Feria 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Sin embargo el mismo que desobedece y se desentiende de las resoluciones judiciales, es quien recurrió al Poder Judicial para «judicializar la política», en términos del propio presidente Alberto Fernández, luego que el mandatario nacional decidiera la suspensión provisoria de las clases presenciales en el AMBA, ante el incremento de casos de la segunda ola.
Clases presenciales: La Corte Suprema se declaró competente en el caso
«La educación es prioridad», sostiene el gobierno porteño, que, además, también desoyó la resolución que lo obligaba a entregar computadoras y brindar conectividad a las alumnas y alumnos de escuelas públicas de los barrios más vulnerables de la Ciudad, para quienes resultó imposible la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia.
Es cierto que un fallo de Cámara, tras la apelación del gobierno porteño, revirtió en gran parte la primera resolución. Pero mientras la causa avanza en la Justicia, el gobierno porteño sigue sin garantizar las herramientas para que realmente «la educación sea prioridad» y una opción para todos y todas.
No es la única contradicción del jefe de Gobierno porteño en este sentido: la Ciudad de Buenos Aires destina el 17,3% en educación y la convierte en la jurisdicción de la Argentina que menos invierte en el área. Esto se traduce no solamente en las condiciones edilicias de los establecimientos sino también en la posibilidad de acceder a vacantes por parte de cientos de miles de jóvenes.
Como si esto fuera poco, en el mismo día en que Larreta anunciara que iba a defender con uñas y dientes la presencialidad en las aulas y hablara de la importancia de la educación, se publicaba en el Boletín Oficial de CABA la paralización de obras en ocho escuelas y jardines de infantes, que van desde trabajos relacionados con la instalación eléctrica, termomecánica y extensión de la red de agua y de cloacas.
Durante los meses de pandemia, en la Ciudad se redujo para este año el presupuesto en infraestructura escolar un 70%, y pasó de 3068,7 millones a 1140,4 millones. También se desfinanció el Plan Sarmiento, que garantizaba el acceso a computadoras de estudiantes de escuelas públicas.
