El procurador interino Eduardo Casal, que continúa en su cargo después de haber sido nombrado por el gobierno de Mauricio Macri, le abrió un sumario a la fiscal Gabriela Boquin, responsable de haber frenado un acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino, que licuaba una millonaria deuda, favoreciendo a la familia del ex presidente Mauricio Macri. El sumario es por un presunto maltrato laboral.
La Procuraduría viene demorando la respuesta a un pedido de informes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, argumentando no tener personal para cumplir con el requerimiento por el impacto de las medidas sanitarias derivadas de la epidemia de coronavirus. Pero no hubo problemas de personal para iniciar el sumario contra Boquin, lo que se desde el Congreso se lee como una “contraofensiva” de Casal, que además acumula 12 pedidos de juicio político.
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La Bicameral le solicitó hace semanas a Casal información sobre todos los expedientes disciplinarios en trámite, las designaciones excepcionales (subrogancias, suplencias y traslados de fiscales) y la ejecución presupuestaria del organismo que dirige desde que Alejandra Gils Carbó pidió licencia en noviembre de 2017. Después de justificar la demora ante el pedido del Parlamento por la “falta de personal”, apenas 24 horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara el proyecto de reforma judicial, el procurador le comunicó a Boquin el inicio del sumario basado en denuncias de dos empleadas suyas, presentadas en 2017, poco después de que la fiscal denunciara el ilegítimo acuerdo para condonarle una deuda de 4500 millones de pesos al Correo Argentino, así como distintas maniobras de vaciamiento y desvíos de fondos del grupo empresario vinculado a la familia Macri.
Como parte de la “contraofensiva”, Casal también impulsó esta semana sumarios contra otros dos fiscales que desde la oposición suelen sindicar como cercanos al oficialismo: Enrique Senestrari, de Córdoba, y Adrián García Lois, de Tierra del Fuego.
El senador Martín Doñate, del Frente de Todos, que preside la Bicameral, consideró: “Lo que hace Casal, al sumariar a Boquin, denota una conducta claramente mafiosa e impropia de un funcionario con su responsabilidad. La vamos a analizar en la Bicameral. Demuestra, además, que así como protegió al fiscal Carlos Stornelli para obstruir el funcionamiento de la Justicia, ahora obstruye y esconde información al Congreso para impedir su función de control. Estamos frente a un procurador interino, irregular, que incurre en una peligrosa gravedad institucional que sobrepasa los límites imaginables”.
También la Asociación de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) denunció que el sumario constituye una medida de “disciplinamiento” destinada a “violentar” la independencia de la fiscal y el Colectivo de Mujeres del Derecho y la Asociación Americana de Juristas-Rama Argentina consideró que la decisión de Casal representa “una clara represalia por su actuación independiente y proba en la causa del Correo”, además de un “acto de «violencia de género”.
