Hace algunas semanas el Gobierno nacional decidió dar de baja seis de los contratos de Participación Público Privada (PPP) que se aprobaron durante el Gobierno de Mauricio Macri, sobre todo para realizar obras viales, por considerar que de llevarlos adelante se hubieran pagado sobreprecios millonarios. Pero ahora se supo además que la mayoría de las empresas beneficiadas por esos contratos lesivos para el Estado argentino eran aportantes de campaña de Juntos por el Cambio (JxC).
Según una investigación de Andrés Lerner en Ámbito Financiero, la iniciativa fue impulsada como proyecto alternativo para financiar obras de infraestructura después de que el Estado decidiera frenar sus inversiones en el área (a instancias de las presiones del Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal) apostando a la asociación con una serie de empresas constructoras privadas. Uno de los principales promotores de las PPP fue el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
https://informepolitico.com.ar/el-gobierno-rescindio-contratos-de-corredores-viales-los-ppp-del-macrismo-fracasaron/
Hace algunas semanas se confirmó que la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó numerosas irregularidades en los contratos PPP, que en algunos casos llegaban a duplicar los costos establecidos originalmente. Pero además ahora se confirmó que por lo menos dos de las firmas beneficiadas fueron aportantes de las campañas electorales de Cambiemos, una directamente asociada a negocios del Grupo Macri.
De las 52 obras de infraestructura adjudicadas bajo el régimen PPP (que incluían la construcción de hospitales, alumbrado público, viviendas y otras), sólo comenzaron a ejecutarse las de los corredores viales, un área de especialización de las empresas vinculadas al Grupo Macri. Según la AGN, nunca se explicó satisfactoriamente porqué fueron estos los proyectos privilegiados. Para estas iniciativas se conformaron sociedades entre firmas multinacionales y empresas locales.
Algunas de estas firmas eran Paolini Hnos. SA y Vial Agro SA. En el caso de la primera, se trata de un holding que incluye a Minerar SA, que en 2017 aportó 3 millones de pesos para el PRO (la cifra máxima permitida por la legislación vigente). Vial Agro, por su parte, es una empresa de la familia Quantín, dos de cuyos dueños aportaron 250 mil pesos cada uno para la campaña de 2015 de Macri. El corredor vial C fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles, una empresa con históricos vínculos con el Grupo Macri, que en 2015 se asoció con IECSA en el proyecto Líneas Mesopotámicas SA, con el que ganaron licitaciones para el tendido de redes de alta tensión. La empresa también comparte acciones con Sideco (empresa insignia del grupo empresario del ex presidente) en LITSA.
Green, adjudicataria de las obras del Corredor B, empresa de Carlos Arroyo y Carlos Amprino hoy está en concurso preventivo, fue históricamente favorecida en los contratos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri, llegando a ser la principal contratista porteña.
