Jorge Rizzo, de la agrupación Gente de Derecho, liderada por el ex presidente del Colegio Público de Abogados, denunció ante Horacio Rosatti que Jimena De la Torre y Diego Marías incumplieron con la ley que los obliga a suspender sus matrículas mientras dure su mandato.
La agrupación que acaba de perder la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, denunció que los consejeros Jimena De la Torre y Diego Marías no pueden ocupar sus cargos porque omitieron suspender sus matrículas, tal como lo exige la ley.
La nota al presidente de la Corte Suprema la envió la agrupación Gente de Derecho, que encabeza el ex presidente del Colegio Jorge Rizzo. En la carta a Horacio Rosatti, también al frente del Consejo de la Magistratura, lo alertaron sobre “una gravísima violación legal que hace a la inhabilidad legal y moral de dos miembros del cuerpo”.
El planteo pasa porque los consejeros De la Torre y Marías están obligados a suspender su matrícula federal porque la ley establece que “los miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales”.
“Los abogados deberán suspender su matrícula federal por el tiempo que dure el desempeño de sus cargos”, sostiene la ley del Consejo.
Otro considerando, agrega el escrito, “impide a los abogados que se desempeñaren en cargos como el de Consejero, ejercer la profesión. Y no basta para ello con una simple manifestación; ni siquiera alcanza con una declaración jurada: deben inhabilitar su matrícula efectuando la denuncia correspondiente ante el Departamento de Matrícula del Colegio Público”.
Según la denuncia, ni De la Torre, ni Marías, cumplieron con ese requisito y, además, “hicieron publicidad de la lista 67” que ganó las recientes elecciones en el Colegio Público.
El nuevo presidente del Colegio será, a partir del 30 de mayo, el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra.
En las elecciones que lo consagraron, los consejeros De la Torre y Marías emitieron su voto, pese a que –según la denuncia- no podían hacerlo.
“Dicha circunstancia es una notable violación dispuesto por la normativa señalada que coloca a los consejeros en la misma condición de los magistrados cuando dispone sus inhabilidades, pero lo que roza con la mala fe o peor aún, con el desconocimiento del Derecho, es que al no haber denunciado dicha incompatibilidad ambos letrados figuran en el padrón de matriculados habilitados para votar”, sostiene la denuncia ante Rosatti.
“Es necesario que ésta ‘nueva historia’ del Consejo de la Magistratura comience con el pie derecho e imponga el máximo de sanción prevista a quienes siendo parte del propio Organismo, incumplen de manera malsana con expresas mandas de las leyes del Consejo y de la Colegiación”, afirmó Rizzo.
